Humberto Próspero, abogado de los detenidos en el Módulo Seis del penal de Ezeiza presentó un Hábeas Corpus por el que éstos solicitaron que se informe si efectivos del Servico Penitenciario Federal desarrollaron tareas de inteligencia ilegal sobre sí mismos “y en caso de ser positiva la respuesta, se ordene el inmediato cese de éstas y la destrucción de audios y transcripciones que hayan sido ilegalmente obtenidas”.
Los detenidos en el Módulo Seis son -o lo fueron en algún momento-, entre otros, José María Núñez Carmona, Juan “Pata” Medina, Roberto Baratta, Julio De Vido, su culado, Claudio Miniccelli y Víctor Manzanares. También pasaron por allí Amado Boudou y Carlos Zannini, mientras que siguen allí Ricardo Jaime, Juan Pablo “Pata” Medina, José López y Lázaro Báez.
Además, solicitaron que “se libre oficio a las Cámaras Federales, Nacionales y Provinciales a los fines de que informen si en sus respectivas jurisdicciones mantienen intervenidos los teléfonos públicos del Módulo seis de Ezeiza y se certifiquen objeto procesal de las mismas”, a la vez que vuelven a solicitar que se destruyan los registros e informes conseguidos ilegalmente.
Los detenidos pretenden que se libre oficio cautelar al ENACOM para que advierta a los medios “abstenerse de publicar cualquier tipo de escucha telefónica y/o registro de ésta, al resultar las mismas ilegales y generar un daño inminente a nuestra imagen pública”.
Además, los presos solicitan la intervención de la Produraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).
Lo curioso figura al pie del escrito. Se podría suponer que las denuncias judiciales suelen ser presentadas ante los funcionarios judiciales, inclusive cuando los afectados se encuentran detenidos. No fue así en esta ocasión: lo concreto es que la autoridad que acusó recibo de la presentación judicial fue el Jefe de Guardia del penal de Ezeiza, el cabo Jonathan Escobar, que con letra temblorosa escribió un lacónico “recibido” y consignó la fecha de recepción, que fue el 10 de febrero.
Como detalles adicionales, los afectados denunciaron que “el Servicio Penitenciario, a través de la llamada Área 50, viene realizando tareas de inteligencia encubiertas, intervención ilegal de llamadas telefónicas a los detenidos, con el único fin de agravar sus condiciones de detención, realizándonos un control absoluto las 24 horas”.
Además, acusó a las autoridades judiciales de ejercer “una tortura psicológica ilegal para quebrar a los imputados y llevar adelante ese plan inicial, convirtiéndolos en arrepentidos”.
Los detenidos afirman que se enteraron de la operación a través del programa radial “Un poco más”, que conduce el exembajador en el Vaticano, Eduardo Valdés.
