El Gobierno y los acreedores con deuda emitida bajo jurisdicción internacional iniciarán este lunes la cuarta etapa de negociaciones con una consigna común: hacia adelante, y mientras duren las conversaciones, lo que se acuerde será asunto cerrado. Una vez que en algún capítulo haya puntos en común se clausurará la discusión en ese punto y no se volverá a abrir el debate.
En esta nueva etapa de negociaciones que se inaugurarán esta misma mañana, siempre bajo la modalidad del teletrabajo, el compromiso es actuar de buena fe y pisar sobre seguro, “sin mirar atrás”.
El panorama de juego que se abrirá desde hoy, y que les permitirá a los negociadores tener una etapa larga de discusiones (terminará el 24 de julio); comienza con las siguientes posiciones:
Argentina: la oferta formal es de un reconocimiento de Valor Presente Neto (VPN) del 49,9% (cumpliendo con las disposiciones del FMI), más dos tipos de anabólicos en discusión: un cupón a partir de la evolución de las exportaciones o el reconocimiento de los intereses no devengados durante 2020. Cualquiera de los dos beneficios llevaría la oferta más cerca del 52%. La Argentina no acepta aún negociar la “cláusula de reasignación”, por la cual el país podría considerar como exitoso un acuerdo donde menos del 75% aceptará las ofertas, siempre que en algunos bonos sí se cumpla ese porcentaje. Tampoco quiere desmantelar las tres cláusulas “antibuitre” con que está protegida la deuda emitida desde 2016 en adelante.
Bonistas. Cada uno de los tres grupos está distanciado del país en diferentes capítulos. Los deudores con bonos emitidos durante el kirchnerismo y los de deuda macrista de largo plazo quieren que se les reconozcan los dos “anabólicos”, además de acortar más el tiempo del comienzo de cobros. Hay fuertes discusiones con los tenedores de bonos emitidos durante el macrismo, en cuanto a la eliminación de las cláusulas antibuitre. Consideran que el mismo derecho que tienen los poseedores de deuda K de no tener estas limitaciones, deberían ser aplicadas por el país a los acreedores de bonos emitidos luego de 2016.
Todos coinciden en que la tasa de interés debe estar en un promedio por encima del 3,5% mensual (la Argentina ofrece menos del 2,8%) ya que la consideran incluso menor a la que los mercados están cobrando a los países latinoamericanos que lanzan deuda en estos tiempos. Los bonistas quieren además que se elimine la “cláusula de transición” con el argumento de que no es un capítulo incluido tradicionalmente en las negociaciones de deuda, afirmando que se trata de un experimento personal de Guzmán sin asidero técnico ni legal.
Por su parte, la premisa del gobierno de Alberto Fernández en materia de deuda externa se basa en un punto clave: que el pago de los vencimientos no terminen generando mayor empobrecimiento de la sociedad, sino que, por el contrario, sean lo suficientemente bajos durante los primeros años para permitirle al Estado recomponer calidad de vida de los argentinos. El viernes pasado, incluso, el Presidente aseguró que el ministro de Economía, Martín Guzmán, va a “poder encontrar un acuerdo” con los acreedores externos de la Argentina y que a partir de ello el país podrá “levantarse nuevamente”.
