El director del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, José Luis Di Lorenzo, elevó a la Legislatura porteña un proyecto de ley que propone la prohibición al gobierno porteño de contratar a empresas de servicios que mantengan cualquier tipo de deudas por avales caídos de la deuda externa con el estado nacional, con la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o con el actual gobierno de la Ciudad.
El proyecto se encuentra respaldado con la firma de los miembros del grupo de pensamiento alternativo AMANCAY, y alcanzó estado parlamentario cuando la Legisladora María Lucila Colombo (Encuentro por la Ciudad) hizo propia la iniciativa, para la que solicitó el "tratamiento preferencial".
Muchas empresas que actualmente tienen contratos con el Gobierno de la Ciudad mantienen deudas originadas en la década del 70, por causa de las leyes de promoción industrial, una serie de subsidios que elaboró el gobierno en ese entonces.
Entre 1976 y 1988, se otorgaron 333 avales al sector privado, por un valor superior a 6.800 millones. El conjunto de avales de mayor magnitud se debió a la construcción del sistema de autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo mayoritariamente de la empresa Autopistas Urbanas S.A. Al mismo tiempo la Contaduría General de la Nación registra una deuda de la MCBA por avales que debió cubrir el Tesoro Nacional ( se detallan 28 avales por un total de 1575 millones de dólares) por diferentes operaciones con algunas empresas como AUSA S.A, Parques Interama S.A y Covimet S.a.
El proyecto destaca que resulta irritante que muchas de aquellas empresas – como las concesionarias de autopistas, que actualmente tiene contrato con el gobierno porteño – sean premiadas con nuevas contrataciones que incrementan sus ganancias. Ya que fueron las directas beneficiadas de aquella serie de operaciones que al mismo tiempo endeudaron al país.
