A través de un extenso escrito de 27 páginas, el Gobierno de la Ciudad se presentó ante la justicia para apelar la decisión del juez Roberto Gallardo, quien la semana pasada ordenó la clausura del Casino y Flotante, declaró nulo e inconstitucional el acuerdo firmado entre Lotería nacional y el Instituto del Juego porteño y además, remitió al fuero penal, todo lo resuelto para que se investigue al jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra y al directorio del Instituto.
Como era de esperar la respuesta de las autoridades porteñas no tardo en darse a conocer. Primero a través de declaraciones públicas, el jefe comunal cuestionó el dictamen del magistrado y finalmente lo apeló judicialmente. En medio de esos hechos, dos jueces federales rechazaron la clausura impuesta por Gallardo al Casino Flotante.
El escrito presentado por el Gobierno, lleva la firma de la abogada de la Procuración General de la Ciudad, Virginia Menéndez, y solicita "que se revoque en todos sus términos" el fallo de Gallardo. La presentación arranca afirmando que de movida el magistrado se equivocó al notificar a las autoridades, algo que "sorprende a esta parte que cuestiones procesales tan básicas sean ignoradas al momento de notificar decisiones de la relevancia que el mismo juez otorga a esta causa".
El texto es muy duro y rechaza todas las resoluciones de Gallardo, agregando que el magistrado "se extralimitó" en su fallo y que sus resoluciones "contradicen decisiones previas de otros jueces que impiden innovar respecto de las actividades que se desarrollan en el llamado Casino Flotante y en el Hipódromo de Palermo, decisiones que el juez de primera instancia conocía al momento de dictar sentencia".
También lo acusan de desconocer las leyes de la Ciudad y en el escrito se señala que el magistrado actuó con "malicia y desaprensiva ligereza".
