Este martes, el plenario de las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados logró el dictamen de mayoría para aprobar el proyecto de ley destinado a modificar la Ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres, ya que incorporó el delito de acoso sexual en el contexto laboral y académico. Este avance legislativo, respaldado por varios bloques, tiene como autora principal a la diputada Mónica Macha (UP) y responde a un reclamo histórico de sectores feministas y colectivos como Periodistas Argentinas, que vienen denunciando esta problemática desde hace años.
Durante la reunión, el consenso logrado entre las fuerzas políticas fue uno de los aspectos destacados, debido a que en esta ocasión coincidieron en sus planteos Encuentro Federal, el Pro, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. No obstante, el bloque de La Libertad Avanza se ausentó de la discusión y marcó una diferencia en el respaldo que recibió la iniciativa.
Un proyecto para tipificar el acoso sexual en ámbitos laborales y académicos
El proyecto propone añadir al artículo 6 de la Ley 26.485 un inciso específico sobre la violencia y el acoso sexual contra las mujeres en entornos laborales y académicos. Según el texto, esta violencia se define como “conducta o comportamiento verbal, no verbal, físico y/o psicológico, de índole sexual y no consentido, con el propósito o efecto de atentar contra la dignidad de la mujer, generando un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y/u ofensivo”. Este enunciado se alinea con los principios del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual ya fue ratificado por Argentina y establece normas contra el acoso laboral.
Al respecto, la diputada Macha subrayó la importancia de actualizar la Ley 26.485 y señaló que “las realidades y los contextos sociales y culturales van cambiando”, lo que exige que las normativas evolucionen para adecuarse a las nuevas formas de violencia que se reconocen en la sociedad. A su vez, destacó que muchas situaciones que anteriormente se dejaban pasar por miedo o vergüenza, hoy se reconocen como actos de violencia. Este proyecto es, en sus palabras, “una herramienta construida de manera colectiva” para enfrentar la problemática en todos sus aspectos.
El debate en comisión
Por su parte, Hugo Yasky (UP) afirmó que este agregado es “un avance que va a hacer justicia” y subrayó la necesidad de que los derechos laborales de hombres y mujeres sean simétricos. Además, Natalia Sarapura (UCR) valoró la medida y la destacó como “un paso significativo para la desnaturalización y visibilización de la violencia que enfrentan las mujeres en sus ámbitos de trabajo y estudio”.
Asimismo, Silvana Giúdici (Pro) ponderó el consenso alcanzado, al afirmar que el proyecto representa “una medida muy importante para la protección de los derechos de las mujeres; una política pública que no puede esperar”. Y Julia Strada (UP) señaló la relevancia de contar con un marco legislativo que permita implementar protocolos contra el acoso, especialmente en ámbitos donde se da una “asimetría de poder” que facilita la perpetuación de conductas violentas.
Desde el colectivo feminista Periodistas Argentinas, presente en la reunión, Nancy Pazos expresó su “agradecimiento eterno” por el avance del proyecto, calificándolo como “una reparación muy grande a mucho dolor de un montón de mujeres que se callaron durante mucho tiempo”. Agustina Kämpfer, otra de las periodistas representantes del colectivo, destacó que el compromiso de los legisladores representa un respaldo esencial para las mujeres que buscan “un país mejor” donde se les permita trabajar y estudiar en paz.
Los desafíos en el contexto laboral y académico
En el debate, varios legisladores nacionales resaltaron las dificultades que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, más allá del acoso y de la violencia. Silvia Lospennato (Pro) puntualizó que “la escasa participación de las mujeres en el mercado laboral” es un problema subyacente que requiere atención. La diputada observó que las mujeres dedican “el doble del tiempo que los varones en tareas de cuidado”, lo que limita sus posibilidades de inserción laboral. En términos de estadísticas, indicó que un 55,5% de las mujeres de 14 años o más están económicamente activas, mientras que el porcentaje entre los varones asciende al 72,4%.
Además de modificar la legislación, Lospennato hizo un llamado a implementar políticas públicas que permitan reducir esta brecha y sostuvo que no es una cuestión de capacidad, sino de condiciones estructurales desfavorables para las mujeres en el mercado laboral. Y cuestionó la necesidad de una nueva ley, dado que Argentina fue el primer país en ratificar el Convenio 190 de la OIT, el cual ya establece normas para evitar el acoso laboral.
El consenso alcanzado para este dictamen fue catalogado como un logro importante por la mayoría de los presentes, quienes remarcaron la relevancia de un respaldo multisectorial en esta temática. El socialista Esteban Paulón (Encuentro Federal) celebró que el proyecto haya superado las diferencias políticas y se haya priorizado el interés común de defender los derechos de las mujeres en sus espacios laborales y académicos. Agregó que es fundamental que en el Presupuesto 2025 se garanticen recursos suficientes para implementar políticas públicas de género.
En tanto, Mónica Schlotthauer (FIT) expresó su apoyo al proyecto y advirtió que la protección contra el despido por discriminación de género fue eliminada en reformas anteriores y llamó a revisar las políticas presupuestarias para evitar recortes en programas destinados a la igualdad de género.
El tratamiento en el recinto
Con el dictamen favorable emitido en las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación del Trabajo, el proyecto quedó habilitado para su debate en el recinto de la Cámara de Diputados, con vistas a su posible aprobación en la primera sesión de noviembre. Desde el oficialismo y varios bloques de la oposición se mostró un cauto optimismo respecto a la sanción de la ley, ya que el proyecto cuenta con una mayoría de votos asegurada.
En el cierre del plenario, Macha expresó que el dictamen obtenido representa un “logro enorme” que refleja la demanda histórica de las mujeres trabajadoras y estudiantes que han sufrido situaciones de violencia y acoso. Además, señaló que en una sociedad donde la violencia de género sigue siendo un problema latente, este tipo de avances legislativos contribuyen a profundizar los cambios culturales necesarios para erradicar estas prácticas.
El respaldo prácticamente unánime al proyecto –con la excepción del bloque de La Libertad Avanza, cuyos integrantes no asistieron a la sesión de la comisión– fue visto por los diputados como un “ejemplo de trabajo legislativo en conjunto”, que apunta a consolidar una política pública que brinde mayor seguridad y protección a las mujeres.
