La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, que preside el legislador nacional Lucas Godoy (FdT), recibió a diferentes invitados para comenzar a debatir el proyecto que transparenta el marco jurídico en el que se desarrollan las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
La iniciativa surgió por parte del oficialismo. Los firmantes son la titular de la Cámara baja Cecilia Moreau, el jefe del Interbloque Germán Martínez y la secretaria Paula Penacca.
Mediante críticas al proyecto, JxC rechazó las modificaciones a la ley vigente que fue aprobada durante el mandato del macrista Mauricio Macri. Pero desde el FdT aseguran que la norma actual facilitó el avance del narcotráfico y ayudó a la banda de Los Monos a poder lavar dinero.
Asimismo, en la reunión informativa que se llevo adelante expusieron: Daniel Erbetta (Presidente de la Corte Suprema de Santa Fe), Walter Rodríguez (Titular de la fiscalía Federal 2 de Santa Fe), Ricardo Augusto Nissen (Inspector General de la Inspección General de Justicia -IGJ) y Nicolás Vergara (Jefe de Gabinete de Asesores de la Unidad de Investigación Financiera -UIF).
Además, José Bianchi (Subdirector General de Recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP), Manuel Tanoira (Director de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina -ASEA), Rafael Manovil (Abogado especialista en Derecho Comercial) y José Alejandro Ramírez y Pablo Sala Mercado (Abogados especialistas en Derecho Societario).
Entre los fundamentos del proyecto se manifiesta que existe “un bajo nivel de control y regulación de aspectos esenciales del tipo societario, escenario que posibilita el desarrollo de actividades ilícitas”. Y se denuncia que “la regulación laxa e imprecisa que rige para las SAS se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos, entre otros, provenientes del narcotráfico”.
Por su parte, Erbetta expresó que “el concepto de personalidad jurídica se ha resquebrajado bastante en los últimos años en la legislación argentina”. Y agregó: “Las SAS son una herramienta apta con mucha idoneidad e importante para el desarrollo del capital emprendedor”.
“Hay que repensar la necesidad de generar una fuerte articulación entre los organismos de control del Estado”, solicitó.
En tanto, Nissen fue contundente y afirmó que “las sociedades por acciones simplificadas nacieron como una sociedad sin controles”. También, hizo hincapié en asegurar que quienes crean las SAS no son emprendedores, sino “todos vivos”.
Otro de los invitados fue el fiscal Rodríguez que puntualizó en uno de los fundamentos, donde se explica la investigación que él llevó adelante sobre una pesquisa a una avioneta con 200 kilos de cocaína que se estrelló en Santa Fe. Y se informa que la banda que estaba implicada en el incidente había creado, al menos, 40 sociedades simplificadas en dos años.
“Hay muchas facilidades otorgadas para la conformación de una SAS, ya que mediante los trámites a distancia puede ponerse rápidamente en funcionamiento”, sentenció.
Sin embargo, se escucharon otras voces en disidencia como la de Tanoira que propuso poner a “todas las sociedades en blockchain y hacer todo el registro libremente transmisible; hagan las denuncias en el Poder Judicial y actúen desde la justicia”.
“Tenemos una deformación en Argentina de querer prevenir el delito sobre la literalidad y encorsetando el ecosistema de negocios, eso hace que los emprendedores que constituyeron SAS se vean perjudicados y no generen empleos”, cuestionó.
En consonancia con su postura, Ramírez criticó que el proyecto lleva a generar burocracia y que “los emprendedores están eligiendo esta herramienta, no la arruinen, tienen una gran responsabilidad en sus manos”.
Duro contra la iniciativa, el abogado manifestó que “esta ley mata a los emprendimientos y a las pymes”. “Es un proyecto que se mete 100% con facultades no delegadas de las provincias a la nación”, cerró.
