El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos ingresará en una etapa de revisión con la llegada de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía. Todas aquellas iniciativas que impliquen un impacto fiscal en las cuentas públicas tendrán un impasse hasta que Massa, una vez en funciones, no dé su visto bueno.
Aquellos proyectos que tuvieron avance legislativo hasta la renuncia de Guzmán, como la nueva moratoria previsional, el salario básico universal (SBU) y el aumento en los subsidios al transporte público del interior del país a $59.500 millones ingresarán en un impasse hasta que Massa no les dé luz verde.
La nueva moratoria previsional, impulsada por el kirchnerismo, ya cuenta con media sanción del Senado; en líneas generales propone que, por medio de un plan de pagos, aquellas personas que llegan a la edad de retiro laboral sin cumplir con los 30 años de aportes que exige la ley puedan acceder a una jubilación. Según estimaciones de la Anses, el costo inicial podría ser de unos $200.000 millones en dos años, aunque algunos previsionalistas hacen cálculos que llevan el monto posible a un nivel más elevado.
Si el avance de esta iniciativa en la Cámara de Diputados está en duda, la que definitivamente quedaría fuera de agenda es la que reclama el dirigente social Juan Grabois y propone instrumentar un salario básico universal a un universo de siete millones de personas en situación de vulnerabilidad. Su aplicación le costaría al Estado dos puntos del PBI, lo que no haría más que agigantar el ya voluminoso déficit fiscal que Massa se propone reducir para cumplir con las metas acordadas con el FMI.
“Una iniciativa de estas características sólo podría tener cabida si el Poder Ejecutivo se decide a abordar una discusión integral sobre los planes sociales que actualmente reparte el Ministerio de Desarrollo Social. Imposible instrumentar nuevos planes: sencillamente, no hay plata. Con la urgente necesidad de divisas que requiere el país, este proyecto sería visto como una mala señal”, indican fuentes del oficialismo.
Otro proyecto que está en duda, es que sucederá con la ley de renta inesperada, impulsado en junio pasado por el presidente Fernández y el entonces ministro Guzmán, el cual propone gravar con una “sobrealícuota” del impuesto a las ganancias de sociedades de capital sólo para el actual ejercicio fiscal. Está dirigido a aquellas empresas que facturan más de $1000 millones; el objetivo es recaudar no menos de $200.000 millones.
Massa reclamará que la coordinación entre el Congreso y el Ministerio de Economía sea total para marcar un punto de inflexión respecto de la última etapa de la gestión de Martín Guzmán, en la que el kirchnerismo desafió la autoridad del exministro con una seguidilla de iniciativas “populistas” sin su aval previo.
Fuentes del bloque oficialista indicaron: “Veremos qué dice Massa. El Presidente pretende que le demos curso cuanto antes pese a la oposición de Juntos por el Cambio. Creemos que podríamos obtener los votos. Pero ahora Massa tiene la última palabra”.