La Cámara de Diputados se prepara para examinar cambios en su reglamento interno. La discusión se enfocará en modificar el uso de las llamadas “cuestiones de privilegio”, una herramienta que permite a los parlamentarios señalar infracciones a sus fueros, pero que, en la realidad, ha resultado en prolongados discursos políticos y un uso arbitrario del tiempo. Además, ha provocado intensos conflictos entre la presidencia de la Cámara y los legisladores.
El jueves, la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, liderada por la diputada del Pro Silvia Lospennato, iniciará una reunión informativa para debatir cuatro iniciativas que buscan regular este sistema.
El empleo de las cuestiones de privilegio ha recibido críticas por su mal uso. Aunque su intención inicial es salvaguardar los derechos parlamentarios, numerosos legisladores las han utilizado para tratar asuntos ajenos al Congreso, como problemas locales de sus distritos. Esto ha conducido a sesiones más largas y, en ocasiones, ha eclipsado el tiempo destinado a la discusión de leyes. Un diputado libertario manifestó su descontento al indicar que ciertos legisladores recurren a este recurso “para grabar discursos que posteriormente son difundidos en medios locales”, mientras que otros ignoran su verdadero objetivo.
El tema de estas modificaciones no es reciente, pero los últimos acontecimientos en las sesiones han precipitado su discusión. Este escenario ha llevado a distintos diputados a pensar que una alteración en el reglamento podría proporcionar a la presidencia de la Cámara un mayor dominio sobre el desarrollo de las sesiones, las cuales, al inicio de este año, han demostrado ser cada vez más tensas, tanto entre los bloques como dentro de cada uno de ellos.
Entre los temas que se abordarán, resalta el propuesto por Lospennato, quien sugiere implementar restricciones temporales para las cuestiones de privilegio en función del tamaño de los bloques legislativos. Según esta propuesta, los bloques que cuenten con más de 20 integrantes tendrían un tiempo máximo de 20 minutos, mientras que los que tengan hasta tres diputados tendrían un límite de cinco minutos.
Hay otro proyecto promovido por el diputado del Pro, Martín Maquieyra, que sustituye las cuestiones de privilegio por una “cuestión de garantías”. La propuesta implica que cada legislador dispondrá de 3 minutos, pero deberá “identificar” al autor de la infracción y ofrecer una definición precisa de la conducta en cuestión. El inconveniente que surge es que el diputado que lo solicite debe encuadrar su argumento dentro de la normativa de las cuestiones de privilegio, lo que podría dar pie a un nuevo debate sobre su cumplimiento.
Los libertarios también están interesados en modificar el reglamento y han presentado un proyecto que, en esencia, reubica las cuestiones de privilegio, que actualmente se abordan antes del inicio del debate de las leyes, al final de estos. En otras palabras, solo se podrán plantear una vez que se concluya la votación de la ley en cuestión. Esto plantea el problema de que, como suele ocurrir, el bloque que prevalezca en el debate o que sepa que será el blanco de las cuestiones de privilegio puede optar por abandonar el recinto.
El cuarto proyecto de ley que comenzará a debatirse en la Comisión proviene de la Coalición Cívica. Este no se centra en las cuestiones de privilegio, sino que pretende establecer normas sobre conflictos de interés. El proyecto, que cuenta con la firma de los seis miembros del bloque, establece que los diputados deben comunicar “posibles conflictos de intereses relacionados con los proyectos discutidos en las sesiones”.
Dado que cada vez hay más representantes con experiencia en el sector privado, la iniciativa busca que los diputados informen a la Cámara si tienen algún vínculo con los asuntos a tratar. Esto responde al hecho de que los antecedentes laborales no están incluidos en las declaraciones juradas que deben presentar los legisladores, ya que se encuentran en un anexo reservado.