Con el ojo puesto en el debate por la legalización del aborto, la Cámara de Diputados ultimará detalles durante esta semana para dar comienzo a las sesiones extraordinarias antes de fin de año, en las que también se debatirá la iniciativa del Plan de los 1.000 días, que tiene como objetivo acompañar, proteger y apoyar integralmente a quienes desean continuar con sus embarazos, puérperas y niños hasta los 2 años.
Para poder organizar el esquema de trabajo para el inicio del debate, las autoridades de las cuatro comisiones por las que pasará el proyecto de ley mantendrán reuniones durante lo que reste de esta semana, para dar comienzo a la discusión entre lunes y martes.
Dado que el debate incluirá la realización de reuniones informativas por el lapso de 15 días, antes de la emisión del despacho de comisión, en la reunión del jueves se definirá quiénes serán los expositores, que estarán divididos en cuatro grupos: científicos, sanitaristas médicos, ético religiosos y juristas.
Además, se dispuso que cada bloque irá comunicando las determinaciones y a la vez pidiendo opciones respecto a expositores.
Una vez concluidas las exposiciones, se debatirá en comisiones para pasar luego al recinto de sesiones, lo que se espera suceda antes que termine diciembre, con el objetivo de obtener su aprobación.
El esquema de trabajo fue acordado en una reunión que mantuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con los presidentes y vicepresidentes de las cuatro comisiones por las que pasará la discusión del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, antes de llegar al recinto.
Fuentes parlamentarias informaron que la comisión cabecera será Legislación General, que preside la diputada oficialista Cecilia Moreau, y adelantaron que en la primera reunión expondrán los ministros de Salud, Gines González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
De la reunión virtual, además de Moreau, participaron las titulares de las comisiones de Mujeres y Diversidad Mónica Macha; de Salud Pablo Yedlin y Legislación Penal Carolina Gaillard,. También estuvieron presentes las diputadas de Juntos por el Cambio Silvia Lospenatto, Carmen Polledo, Carla Carrizo, y Marcela Campagnoli.
A su vez, en el encuentro se decidió que el Plan de los 1.000 días tendrá como comisión cabecera Salud y se derivará también a la comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller.
Fuentes parlamentarias señalaron que durante el tratamiento del proyecto de ley que legaliza la interrupción del embarazo hasta la semana 14, se buscará evitar las agresiones entre los diputados verdes -a favor del aborto- y celestes -en contra- con el fin de tener, como pidió el presidente Alberto Fernandez, un debate “serio sin ataques personales”.
El debate incluirá la realización de reuniones informativas por el lapso de 15 días, previo a la emisión del despacho de comisión, en la reunión del jueves se definirá quiénes serán los expositores, que estarán divididos en cuatro grupos: científicos, san
En consecuencia, se decidió promover entre todos una resolución de la cámara para pedir a los legisladores que trabajen en este tema, evitar adjetivaciones personales y calificaciones peyorativas para que sea un debate serio y respetuoso.
Y se dispuso que ante cualquier escrache a domicilios o celulares, que realice uno u otro sector, indistintamente, sea denunciando penalmente por la cámara baja, dado que se vería afectado el fuero y la libertad de opinión de los las legisladores.
Esta decisión se da en el marco del escrache que sufrió el diputado radical Facundo Suárez Lastra, por parte de grupos denominados “pro vida” que están en contra del aborto.
El proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) que envió la semana pasada el presidente Alberto Fernández al Congreso establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Además, habilita la “objeción de conciencia” por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.
En la propuesta del Poder Ejecutivo se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá “el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo” si el mismo “fuere resultado de una violación”, cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona.
