El martes dos de diciembre próximo, en un acto que se realizará a las 18:30 en el Salón Verde de la Facultad de Derecho, se le entregará al doctor Alfredo Gusman, juez de la Sala II de la Cámara Federal Civil y Comercial, la Distinción de Declaración de Interés Jurídico por su libro “Juicio de Amparo por Mora de la Administración”. La distinción aprobada por el Parlamento porteño fue una iniciativa del legislador Helio Rebot.
Prometieron su presencia para formar parte del panel de presentación, Gabriela Vázquez, presidenta del Consejo dela Magistratura dela Nación; Arístides Corti, ex secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia; María del Carmen Besteiro, presidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y Alberto Spota.
Una defensa contra el silencio del Estado
El autor planteó, hablando de su libro en una nota publicada por Noticias Urbanas en julio de este año, que “la posibilidad de amparo por mora se produce no solo cuando el Estado no cumple con una medida judicial, sino que se da cuando ni siquiera contesta los pedidos de los ciudadanos. Suele producirse en el ámbito de las administraciones locales, que a veces no otorgan una licencia o un permiso”.
Gusman expresó luego que el amparo por mora “no tiene que ver con una cuestión de prohibiciones o impedimentos, sino con el déficit crónico en la resolución de uno o varios expedientes. En estos casos, el particular se ve perjudicado por la inacción del Estado y se ve también impedido de accionar judicialmente, porque lo mismo no podría comenzar su actividad o resolver una situación hasta que exista una sentencia judicial que esté firme”.
“La ventaja del amparo por mora es que es de pronto despacho, porque la denegatoria de respuesta es equivalente a la denegatoria de justicia, porque perjudica particularmente a una determinada persona”, dijo el magistrado.
“En el caso de producirse el amparo por mora, éste hace que el trámite entre en el rango de prioritario. Si la administración no cumpliera con el fallo, podría ser sancionado el funcionario responsable –no la administración–, muchas veces con una multa diaria, que deberá correr mientras siga sin cumplirse la orden judicial”, explicó Gusman.
Gusman advirtió que “la lentitud en resolver los casos en tiempo y forma es un síntoma de que falla algo en el diseño de la administración pública, en especial en la gestión de los expedientes. Hay múltiples causas, que tienen que ver con la mala organización: un excesivo cúmulo de tareas, la falta de una infraestructura adecuada y la falta de controles internos para que se cumplan los plazos, y esto perjudica siempre a las personas, que deben lidiar con muchos ítems que disminuyen la eficiencia del Estado, convirtiéndose en sus víctimas”.
