La justicia hizo lugar a un amparo presentado por la organización antiderechos Portal de Belén (PdB) y la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (Prodeci) y ordenó la suspensión de la venta de Misop 200, la presentación de misoprostol para uso ginecológico. Pero rechazó el otro pedido incluido en la presentación , de declarar la nulidad absoluta e insanable por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.
Es importante destacar que la limitación no aplica para el tratamiento en abortos no punibles realizados en los hospitales, ni tampoco habilita la suspensión de la implementación del protocolo. Solo afecta la venta en farmacias bajo receta archivada.
La jueza federal Cecilia Madariaga Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº11 se amparó en su fallo en la lectura del prospecto del medicamento, de la que asegura que surgen las “precauciones y advertencias”, dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo una estricta observación de la dosis y régimen recomendados”. Y que además “debe ser utilizado únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. Gilardi de Negre suspende la venta en farmacias del misoprostol, que permite abortos seguros, para un muy peculiar cuidado de la salud pública. La lectura de los prospectos de medicamentos, con su catálogo de potenciales efectos colaterales indeseados, hace que parezca suicida tomar cualquier medicación.
Gilardi de Negre consideró legítimo el interés de PdB y Prodeci, autodeclaradas defensoras de “la salud pública, las mujeres gestantes y los niños por nacer”, al aceptar la presentación. Curiosamente, esa misma legitimidad de representación es la que la máxima instancia de la justicia cordobesa, el Tribunal Superior de Justicia, negó que PdB pudiera arrogarse, y por la cual desestimó su pedido de declarar inconstitucional la aplicación de la guía de interrupción legal del embarazo.
La andadura de este amparo comenzó en mayo, cuando la asociación cordobesa antiderechos PdB pidió que la Justicia de Córdoba declarara inconstitucionales el Protocolo y la resolución de Anmat que habilitó la venta de misoprostol en comprimidos vaginales.
Además, reclamó que la aplicación del Protocolo y la venta del medicamento fueran suspendidas hasta que quedara firme la resolución judicial sobre la cuestión. Eso, como sucedió en Córdoba con el Protocolo, podría implicar años; lo sabe bien el abogado de PdB Rodrigo Agrelo, responsable de aquel amparo ya fracasado y de la nueva presentación.