En la sesión de este jueves, la Legislatura de la Ciudad aprobó un proyecto de ley que modifica la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental. Según el Observatorio del Derecho a la Ciudad “las propuestas constituyen un verdadero blanqueo ambientalpara actividades y obras que estaban en situación de ilegalidad en relación a los permisos ambientales (Certificado de Aptitud Ambiental)”.
Además, señalaron que “con la excusa de de incorporar la Evaluación Ambiental Estratégica se incorporó una norma que establece: ‘Están exceptuadas de cumplir con la convocatoria a Audiencia Pública Temática todas aquellas actividades en funcionamiento y preexistentes al 10 de Diciembre de 1998, salvo cuando se trate de modificaciones a las mismas, según lo establezca la Autoridad de Aplicación'”.
“Es decir, que para todas aquellas actividades preexistentes al 10 de Diciembre de 1998 la ciudadanía no va a tener más derecho a participar de su evaluación de impacto ambiental. Para estas actividades no se llamará audiencia pública. La EIA será secreta entre el GCBA a través de la Agencia de Protección Ambiental y el privado o empresa”.
Y desde el Observatorio pusieron un ejemplo: “Por ejemplo, en la evaluación del Impacto Ambiental de los Estadios o shoppings ubicados en la ciudad que existían antes del año 1998, la ciudadanía no tendrá derecho alguno a opinar sobre los impactos ambientales que ha vivido durante los años de funcionamiento de dichas actividades”.
Y agregaron: “Cabe destacar que los Certificados de Aptitud Ambiental para actividades con relevante efecto tienen un plazo de vigencia de cuatro (4). Antes, con la Ley N° 123 cada cuatro años el GCBA debía convocar a la ciudadanía a participar en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Esta situación ha sido sistemáticamente violada por el Gobierno de la Ciudada (GCBA). Ahora legalizan la práctica ilegal. Un blanqueo ambiental para la política del GCBA y para los empresarios”.
Además, señalron que “la actual Ley N° 123 establecía que las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 m2 que requieran el dictado de normas urbanísticas particulares debían ser categorizadas como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto, esto implicaba la necesidad de convocar a audiencia pública para su procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Ahora, este artículo se modificó. Se exige que las obras ocupen más del 50% de una manzana. Esta modificación está orientada a salvar a todos aquellos proyectos inmobiliarios que superaban los 2.500 m2, que recibieron los privilegios de la Legislatura con normas urbanísticas especiales, pero que durante el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental nunca convocaron a audiencia pública. Un caso paradigmático es el Palacio Roccatagliata frenado por la Justicia. Otra decisión de la Legislatura de subsanar la nulidad de los permisos de obra otorgados con esta deficiencia. Un blanqueo Ambiental Inmobiliario”.
Sobre la Evaluación Ambiental Estratégica aseguraron que “no se estableció como obligación para los privados. No es obligatorio convocar a audiencia pública sino que sólo se hace referencia la obligación de contemplar una instancia de participación ciudadana. Tampoco se habla de la Evaluación de Impacto Ambiental Acumulativa, una de las grandes deficiencias de la gestión del Pro frente al boom inmobiliario en la Ciudad”.
Por último, criticaron con dureza la actitud de los legisladores. “La Legislatura está dedicada a tiempo completo a subsanar las ilegalidades de los empresarios inmobiliarios. Por una parte, el nuevo Código Urbanístico viene a legalizar los permisos de obras ilegales. Ahora, esta modificación de la Ley N° 123 subsanará las ilegalidades de las actividades anteriores a diciembre de 1998. Blanqueo inmobiliario y ambiental en la gestión de Larreta”, finalizaron.