La Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) implementó operatorias conjuntas con cooperativas de vivienda asociadas a empresas constructoras. En este marco convocó la Licitación N° 17/93, para la construcción de 800 unidades habitacionales destinadas a cooperativas de Vivienda con provisión de terreno, proyecto, construcción y financiamiento compartido, el cual no podía ser inferior al 10 por ciento ni superior al 40 por ciento del máximo financiable. Pero varias de las familias afectadas a la operatoria denunciaron diversos tipos de irregularidades durante el proceso y posterior adjudicación de las unidades.
Por ese motivo, este jueves la Legislatura porteña sancionó en general -y por unanimidad- un proyecto presentado por los diputados Beatriz Baltroc (Autonomía Popular), Eduardo Peduto (ARI), Patricio Echegaray (IU) y otros por el cual se crean los mecanismos para regularizar este programa de "Financiamiento Compartido" de viviendas.
Entre las anomalías denunciadas se destacan que la propuesta edilicia original no tuvo relación con la obra final entregada a los adjudicatarios, tanto en la calidad de los materiales y terminaciones como en las superficies supuestamente adjudicadas; que al momento de la posesión las unidades presentaban importantes fallas de construcción y que existirían diferencias en las superficies reales de las que figuran en los planos aprobados por la Dirección de Catastro.
Según los integrantes de comisión de Vivienda de la Legislatura que redactaron un despacho de mayoría a partir de este proyecto, de esta situación se deduce que "tanto las Cooperativas como la CMV no ejercieron los controles para garantizar el correcto cumplimiento de los pliegos de licitación y los correspondientes contratos".
"Además -según consta en el dictamen firmado por los diputados Silvia Gottero, Jorge Altamira, Marcela Larrosa, Alba González, Irene López de Castro, Baltroc, Peduto y Echegaray- las fallas y vicios mencionados, fueron constatados por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, a través de sendos informes técnicos".
Cabe mencionar que en el año 2002, como consecuencia de las presentaciones de los vecinos involucrados y otros actores, la CMV decidió tomar una serie de medidas y, en este marco, dictó la resolución 768/2002 que establece los procedimientos para la suspensión de la obligatoriedad del pago de las cuotas comprometidas por los propietarios a favor de la Comisión.
En el proyecto de ley original se encomendaba a la Auditoría de la Ciudad que elabore un informe analizando la totalidad de los antecedentes técnicos de dichas operatorias y la verificación de las superficies propias y comunes de las unidades funcionales de los edificios en cuestión y de la ejecución total de lo estipulado en los pliegos de licitación. Finalmente ese párrafo fue quitado de la norma y aprobado aparte, como una resolución.
La iniciativa votada en general establece que el Poder Ejecutivo debe solicitar a la Universidad de Buenos Aires -o a los organismos públicos nacionales que entiendan en la materia- la constatación de las fallas de construcción y vicios no resueltos; y encomendar la determinación del valor venal de las unidades funcionales, el valor correspondiente a la fecha de la escrituración y la actualización del mismo, sin tener en cuenta las mejoras realizadas por cuenta de los consorcios y/o propietarios.
A partir de estos estudios el Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de 3 meses deberá elaborar un plan de trabajos para la reparación de las fallas y vicios de construcción detectados y aún no resueltos; realizar la recomposición de la deuda de capital e intereses de cada unidad y efectuar un nuevo plan de pagos a la CMV y ejecutar las rectificaciones y/o modificaciones necesarias, respecto de las escrituras, hipotecas y planos catastrales, sin cargo para los adquirientes.
Entre otras cuestiones que se propusieron en este proyecto está la de suspender preventivamente cualquier acción legal por parte de la CMV dirigida a la ejecución de las escrituras hipotecarias de las unidades habitacionales, porque "es función del Estado reparar las irregularidades cometidas, donde claramente los organismos estatales estuvieron ausentes de sus responsabilidades".
