Los diputados porteños aprobaron en la sesión legislativa de ayer la Ley de Procedimiento de Defensa del Consumidor, que resguarda un poco más la defensa de los derechos de éstos últimos en el ámbito de la Ciudad. La flamante Ley agiliza las gestiones de reclamos, establece los requisitos para la presentación de las denuncias, otorga a las autoridades el poder de multar a las empresas que no se presenten a las audiencias de conciliación y obliga a las empresas multadas y al Gobierno porteño a publicar en los medios de comunicación (Internet y Diarios) la resolución condenatoria junto con el nombre de la empresa.
Todavía resta que esta ley, que fue presentada en la Legislatura por el diputado Marcelo Vensentini (Alianza), sea promulgada por Aníbal Ibarra, el titular del Gobierno porteño. Jorge Casabé (Alianza), diputado que preside la Comisión de Consumidores del parlamento porteño, opinó que "con esta iniciativa se busca primordialmente agilizar la resolución de los conflictos de los consumidores en términos precisos; esto mismo, en la práctica, no debe superar el lapso de 35 días", expresó.
Casabé, quien antes de asumir como legislador fue presidente de Adecua (Asociación de Consumidores y Usuarios argentinos), agregó que el Estado adquiere con esta ley un "rol más activo" en lo que refiere a defensa de los consumidores: "La importancia que tiene esta ley es que significa un paso más en la eficiencia del Estado en la defensa de los derechos" de los usuarios, sostuvo. "El próximo paso -añadió Casabé- es buscar que en la misma instancia, se logre además el resarcimiento al damnificado por parte de la empresa".
¿Qué cambiará con esta Ley?. Hasta el momento, los consumidores o usuarios perjudicados por las empresas de servicios debían presentar su reclamo en la Dirección de Defensa del Consumidor porteña. Luego frente a un mediador se realiza una Audiencia de Conciliación en la que la empresa y el damnificado intentan llegar a un acuerdo, y de no prosperar este, se inicia una investigación judicial. "En el 80 por ciento de las audiencias logradas se resuelve el conflicto", afirmó el diputado Casabé. Pero que pasa, en la mayoría de los casos, las empresas nunca se presentaban a estas audiencias, con lo que el caso pasaba a la justicia demorando los tiempos de su resolución. Ahora la empresa que no se presente a las Audiencias será multada a pagar montos que oscilan entre los 50 y los 5000 pesos. Las autoridades calculan que con esta medida se resolverán mayor cantidad de casos en las audiencias de conciliación, porque las empresas van a empezar a asistir con más frecuencia.
También la nueva Ley realza la figura del mediador, que ante una falta de acuerdo de las partes en las audiencias, está ahora obligado a dictar una "propuesta de acuerdo". También se estableció la clausura preventiva de aquellas empresas que "impliquen un inminente peligro para la salud de toda la población" y se promueve finalmente la futura descentralización del organismo de Defensa del Consumidor para que los vecinos puedan efectuar sus reclamos y tener sus audiencias en el mismo lugar donde suceden las infracciones.
