El diputado Miguel Doy (FORJA 2001) denunció que en su reunión del 12 de septiembre pasado, el Directorio de la Lotería Macional autorizó la instalación de 600 máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo. En su denuncia, el diputado porteño manifestó que las asambleas del Directorio aludido "son más clandestinas que muchos de los juegos prohibidos".
Cada máquina tragamonedas recauda, en promedio, unos 250 pesos por día. Del dinero de la recaudación, se destinará el 5 por ciento a premios de las carreras de caballos y el saldo será destinado a que el concesionario pueda incrementar sus ingresos, a saldar el pago de cánones atrasados y a la realización de inversiones prometidas y no efectuadas. "De esta manera, Lotería Nacional subsidiará al concesionario del Hipódromo, en una operación en la que la Ciudad será nuevamente el convidado de piedra", expresó el legislador.
Antes que todo esto ocurriera, el dos de agosto, en otra reunión del Directorio de la Lotería Nacional, éste autorizó la instalación de un segundo casino flotante en el Puerto de Buenos Aires y le otorgó una prórroga por cinco años al que ya está instalado allí. Ahora, la concesión original, que era por doce años, pasó a ser por 17 años.
"Para tener una idea de la magnitud económica de todo esto -continuó relatando Doy-, aclaro que el Casino flotante recaudó, desde octubre de 1999 a junio de 2002, 1.617 millones de pesos. Así, el beneficio para el concesionario fue de 410 millones y lo recaudado por el Estado Nacional -que fue a parar a las arcas de la Lotería, del Ministerio de Salud y Acción Social y de la Secretaría de Deportes- fue de 82 millones".
Con estas medidas, Lotería Nacional sólo benefició a los concesionarios. ¿De qué manera puede sino interpretarse una prórroga por cinco años para el barco-casino?, o sino, ¿cómo es posible que se autorice un segundo barco-casino?. "Si a todo esto le sumamos la autorización para que las tragamonedas operen en el Hipódromo -agregó el legislador de FORJA 2001-, está claro qué significa todo esto. En todos estos casos hay un condición en común: la inacción del Gobierno porteño. ¿Vagancia administrativa o complicidad?", terminó preguntándose el legislador, que trabaja para la candidatura de Adolfo Rodríguez Sáa.
