Desde el mismo momento en que el futuro jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que el macrismo iba a respetar la ley que establece que el 10 de agosto de 2008 se deben realizar los comicios para elegir a las futuras autoridades comunales, los kirchneristas tomaron nota, abrieron el paraguas y salieron corriendo a desempolvar un proyecto de Coparticipacion Comunal. La sorpresa se la llevaron cuando cayeron en la cuenta de que esa iniciativa está a punto de perder estado parlamentario, entonces ahora se preparan para reflotarla y tratar de dar la discusión cuanto antes, ya que es fuerte la pulseada que tienen con otras fuerzas políticas sobre este tema. El meollo de la cuestión pasa porque los K quieren establecer un piso o un índice de distribución presupuestaria mínimo para empezar la discusión desde ese nivel. Es que los kirchneristas, sabedores de que el electorado porteño no los tiene justamente como santos de su devoción, ya están abriendo el paraguas por si por esas casualidades de la vida les toca gobernar alguna comuna. No es menos cierto que los K no tenían grandes esperanzas en que los macristas fueran a respetar la letra y el espíritu de la ley, ya que es conocida la poca simpatia que el sistema de descentralización comunal despierta en la filas del ingeniero Mauricio Macri. Pero este concepto cambió un poco dentro de esa fuerza política cuando recibieron el aluvión de votos que los catapulto con un 62 por ciento del electorado a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este escenario los alentó a dar la pelea electoral de agosto, ya que los guía la impresión de que los porteños una vez más les van a dar el triunfo y con esto una buena cantidad de comunas para gobernar. Los K, en cambio, conocedores del mal humor de los porteños hacia ellos, tienen miedo de que si no establecen por ley que las comunas tienen que recibir un mínimo de dinero para poder funcionar, los macristas quieran hacer una distribución arbitraria de las partidas presupuestarias. Traducción: que a las comunas PRO les asignen mayor presupuesto que a las de la oposición. Así, el proyecto K, cuyo autor es el diputado Sebastián Gramajo, dice que “el criterio de distribución se produce a partir de un prorrateo de recursos comunales cuya base será un índice de distribución presupuestaria para cada una de las comunas”. Además, el patrimonio de cada comuna se conformará con los fondos asignados por la Ley de Prespuesto y por leyes especiales, como ésta de la que estamos hablando; los ingresos originados por actos de disposición; las donaciones y legados; los bienes que la administración central le transfiera y los restantes bienes y derechos que adquiera en el futuro utilizando el presupuesto con el que cuenta. Por otra parte, el proyecto Gramajo indica que las comunas ubicadas en el sur de la Ciudad percibirán como mínimo un punto y medio por ciento, más el coeficiente de distribución resultante durante un período mínimo de 10 años. Asimismo, se establece un fondo de garantía y compensación para la zona sur, que será administrado por el Consejo Intercomunal, equivalente al 0,75 por ciento del total de los recursos por 10 años no prorrogables. Entre los fundamentos, Gramajo destaca que “la existencia y funcionamiento de las comunas se encuentra establecido por la Constitución de la Ciudad donde se señala que las mismas conformarán entes territoriales de gobierno descentralizados administrativamente con autonomía institucional y política y legitimidad procesal”. Por otra parte, el legislador resalta que “la propia Constitución determina que las comunas deben administrar y ejecutar su propio presupuesto, lo cual permite que dicha institución se convierta en un instrumento de participación que permite a los vecinos poseer herramientas de naturaleza político-administrativas”. En este contexto Gramajo sostiene que “el sistema de comunas logrará alcanzar las metas propuestas en tanto y en cuanto se las dote normativamente de capacidades que les permita gestionar y alcanzar mayores niveles de organización”. Por eso, dice el legislador, que la ley de Coparticipación Comunal “apunta a maximizar esos objetivos, ya que permitirá garantizar una mayor estabilidad de los regímenes financieros mediante una simplificación de los modos de distribución”. Así el legislador argumenta que “sólo con una ejecución consensuada de los recursos sociales se iniciará el proceso de búsqueda y eficiencia en el gasto público”. En este orden, afirma por último que “la creación de un fondo de garantía tiene como fin establecer un mecanismo de coordinación en la zona sur, para ser aplicado a aquellos proyectos que se encuentren vinculados territorialmente y que por sus características deban ser ejecutados en el territorio de dos o más comunas”. Pero ya se alzaron algunas voces para criticar esta iniciativa de Gramajo. Así, el actual ministro de Descentralización, Roy Cortina, en diálogo con Noticias Urbanas, sostuvo que no está de acuerdo con esta ley de Coparticipacion Comunal. “Es sencillamente un disparate, es una falacia y además la gran mayoría de los que hablan sobre este tema no lo estudiaron lo suficiente, y ni hablar de Macri”, disparó a quemarropa el funcionario de Jorge Telerman. En este sentido, Cortina agregó que “el presupuesto para las comunas no se puede establecer por una ley, lo que se debe hacer es, después de la elección, reunir al Consejo Intercomunal, que está conformado por el Ejecutivo y las autoridades comunales, y decidir cuáles serán las competencias”. En esta línea, Cortina explicó que la única competencia exclusiva de las comunas es el mantenimiento urbano menor, es decir el alumbrado. “Pero puede surgir que de la discusión que se dé en el Consejo Intercomunal algunas comunas quieran hacerse responsables del bacheo y la poda de los arboles, además del mantenimiento del alumbrado”, sostuvo Cortina. El ministro indicó al respecto que “eso ya las diferencia y por eso digo que el presupuesto no puede surgir de una ley sino de la discusión dentro del Consejo”. “Decir, por ejemplo, que a las comunas hay que darles el 5 por ciento del Presupuesto de la Ciudad, que hoy por hoy es superior a los 11 mil millones de pesos, es una barbaridad, y por eso me pregunto cómo voy a decidir darles un porcentaje como ése si no administran las escuelas”, agrego Cortina. El ministro reseñó que actualmente el mantenimiento de los Centros de Gestión y Participación le cuestan al Estado porteño 2 millones de pesos. Cuando fueron consultados los macristas sobre el particular, ningún dirigente estuvo dispuesto a expresar cuál es el pensamiento de CPC (Compromiso para el Cambio) sobre este tema. Es más, el vocero de uno de los principales referentes del macrsimo sobre las comunas llegó a decir que Noticias Urbanas tenía que ir a preguntarle al futuro titular de Descentralización (sic). Al parecer, el vocero no estaba enterado de que en el esquema de ministerios macrista, la cartera de Descentralización había sido suprimida por ley.
8 December, 2007 | 0:00
