Una presentación ante la Justicia cuestionó este viernes la designación en la Secretaría de Desarrollo Social del vicejefe porteño, Jorge Telerman, quien en julio pasado pidió licencia en su cargo como presidente de la Legislatura para remplazar al renunciante Rafael "Balito" Romá.
La presentación de una acción de amparo contra el Gobierno porteño, que reclama la inconstitucionalidad del decreto del Ejecutivo que designó a Telerman en su nueva función, argumenta que "se han vulnerado los derechos de la ciudadanía que votó la fórmula Ibarra-Telerman en la inteligencia de que el vicejefe de Gobierno presidiría la Legislatura y desempataría en el caso de ser necesario".
La medida cautelar, solicitada por el economista de la CTA y ex candidato a legislador por Fuerza Porteña, Martín Hourest, argumenta que el "corrimiento de las funciones al interior de la Legislatura de la Ciudad, derivado de la decisión que impugnamos, permite a la derecha política el control de la Legislatura y la capacidad de decisión derivada de la función de desempate".
Ocurre que, ante la licencia de Telerman, quien ocupa su lugar es el macrista Santiago De Estrada, vicepresidente primero del Parlamento porteño. Técnicamente, quien ejerce la presidencia de la sesión en la Legislatura porteña tiene a su cargo el desempate en las votaciones.
"Se permite, en obvia contradicción con la letra constitucional, que un mismo funcionario concurra a cumplir dos funciones simultáneamente, despreciando a la vez la importancia y la necesidad de dedicación absoluta que requieren cada una de ellas", define la presentación de este ex constituyente porteño.
En cuanto a las razones políticas de la impugnación, Hourest interpreta que Ibarra "utilizó la institución que debe atender la problemática social para frenar los avances del Gobierno Nacional en la Ciudad usando la figura de Telerman como contrapeso y así obturar las aspiraciones de ocupación de espacios que lleva adelante Alberto Fernández".
En este contexto, afirma que Ibarra "loteó" su gobierno para "pagar acuerdos políticos" y con la designación de Telerman está "utilizando" las políticas sociales para resolver sus problemas políticos internos.
"Primero utilizó Desarrollo Social para fracturar al ARI rompiendo la coalición política que presentó a la ciudadanía", cuestionó.
Por último, el economista, que participó en varios debates sobre el destino del superávit en la Ciudad, consideró que "no se han modificado sustancialmente ni la atención a la población en estado de vulnerabilidad, ni la promoción de desarrollo comunitario ni la construcción de vivienda social, a pesar del superávit de más de 450 millones de pesos que tiene la Ciudad".
La medida cautelar fue presentada en la sala II del fuero contencioso administrativo de la Ciudad, a cargo del juez Roberto Gallardo.
