Los profesionales y otras personas que, en virtud de su desempeño en organismos públicos, denuncian, informan o diagnostican casos de maltratos casos de maltrato, abuso y/o abandono acontecidos dentro de un grupo familiar que afectan la integridad física, psíquica y/o sexual de alguno de sus integrantes, corren el riesgo de ser denunciados por parte del grupo familiar del victimario. Por este motivo los legisladores porteños Roy Cortina (ALIANZA) y Beatriz Baltroc (FREPASO) presentaron un proyecto de ley que prevé cubrir estas demandas a través de un seguro.
Los diputados argumentaron que los profesionales y el personal que trabajan en áreas educativas, asistenciales y de salud del Gobierno de la Ciudad denunciando casos de maltrato y abuso se encuentran con una realidad paradojal. Por un lado – dijo Baltroc – "si denuncian al victimario corren el riesgo de ser cuestionados judicialmente en forma arbitraria, sin contar con un marco institucional ni con una protección jurídica que los ampare, pero de no hacerlo, actúan de forma ilegal y pueden llegar a incurrir en delito por omisión ya que – por la Ley Nacional 24.417 – están obligados a formular denuncias ante situaciones de violencia familiar son de su conocimiento".
En la Ciudad de Buenos Aires, durante el año 1999, se recibieron 25.530 denuncias y se calcula que en los últimos años la cifra se triplico en casos de maltrato y abuso infanto juvenil.
