Este jueves los legisladores tenían planeado debatir un proyecto para citar al jefe de Gabinete cada tres meses al Parlamento porteño. La iniciativa original pertenece a la diputada María Soledad Acuña (Compromiso para el Cambio) e incluía también la citación al jefe de Gobierno cada seis meses. Sin embargo, este punto fue quitado, para facilitar la aceptación de la propuesta. Igualmente, el ibarrismo no la acompañará.
A través de un durísimo dictamen de minoría, firmado por Laura Moresi (Frente Grande) y Roy Cortina (Partido Socialista), ambos diputados calificaron a la iniciativa de "disparate jurídico o bien a un intento, ciertamente político, de modificar el orden constitucional".
Este proyecto planea reglamentar el inciso 1 del artículo 83 de la Constitución porteña, referido al procedimiento para requerir la presencia de los funcionarios en el recinto, que establece que para realizar la convocatoria, debe procederse con mayoría de los dos tercios del total de sus miembros. También, el inciso 4 del artículo 105, que, entre los deberes del jefe de Gobierno, estipula el de "proporcionar a la Legislatura los antecedentes e informes que le sean requeridos". En este caso, se establece que lo hará mediante el jefe de Gabinete, cada tres meses.
"Los dos tercios estipulados en el artículo 83 son para realizar una interpelación. Nosotros lo que proponemos no es eso, sino realizar una citación periódica especial, con reglas distintas y bien definidas. Por ejemplo, se estipula que se le enviará al jefe de Gabinete las preguntas con anticipación, para que pueda estudiarlas, y se establecen plazos de alocución tanto para el funcionario como para los legisladores, que podrán hacerle preguntas", afirmó Acuña a NOTICIAS URBANAS.
El despacho de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales (adonde fue girado el proyecto) cuenta con las firmas de los macristas Helio Rebot, Álvaro González, Martín Borrelli y Juan Carlos Lynch. Además del depacho de minoría de Moresi y Cortina -que pidieron el archivo del expediente- se presentó otro firmado por los kirchneristas Miguel Talento y Silvia La Ruffa, con algunas modificaciones al dictamen de mayoría. Finalmente, se acordó un despacho consensuado entre ambos.
Allí se estipula la realización de una sesión especial en abril, otra en julio y otra en octubre, para que el jefe de Gabinete concurra a dar explicaciones a la Legislatura. Según el dictamen, éste podrá excusarse por causas de fuerza mayor, por lo que dicha sesión podrá aplazarse por un máximo de diez días. En caso de que el jefe de Gabinete no concurra sin justificación, se prevé considerar la actitud como "incumplimiento del deber de funcionario público".
También se establece que la sesión especial será dividida en tres partes: en la primera el funcionario realizará su informe, en la segunda contestará preguntas ampliatorias y en la tercera responderá preguntas libres, que no podrán ser más de dos por diputado y sin posibilidad de que cada uno de éstos efectúe comentarios o valoraciones de las respuestas recibidas.
Acuña argumentó que la intención de su iniciativa es fortalecer el diálogo entre las instituciones y que no tiene un fin político destructivo. "La manera en que se establece el procedimiento impide que se distorsione", señaló.
Sin embargo, tanto Moresi como Cortina entendieron que, a pesar de las respetuosas intenciones volcadas en los considerandos del despacho de mayoría, la norma "intenta sujetar un poder a otro, lo cual no está previsto en el texto constitucional".
La diputada Acuña reconoció a esta agencia que está contando voto por voto, a la espera de que se apruebe la norma. De suceder así, seguro que será por estrecho margen.
