La legisladora de Unión para Recrear Buenos Aires, Fernanda Ferrero, presentó un proyecto de ley para que cesen las concesiones de uso de bienes para publicidad comercial en la vía pública vencidas hace años, y sean retiradas las pantallas que hoy entorpecen la circulación, perjudican al comercio o están colocadas en lugares expresamente prohibidos.
Por su parte, la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público que preside la legisladora desestimó un proyecto de ley presentado por el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, bajo el fundamento de que el ordenamiento jurídico actual le permite al Ejecutivo porteño controlar la publicidad ilegalmente colocada en la vía pública.
Ferrero exige que sean retiradas las pantallas publicitarias iluminadas y aquellas que se encuentran emplazadas en infracción a la normativa vigente. Asimismo, el proyecto dispone que sean inventariadas las pantallas tradicionales fabricadas en hierro fundido, algunas de las cuales se colocarán en lugares aptos previa consulta al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, y que se investigue el destino de las faltantes. La propuesta contempla que sean utilizadas para difundir actividades propias de la Ciudad, del tercer sector o de organismos nacionales, por lo que la administración y mantenimiento de las mismas correrá por cuenta del Poder Ejecutivo porteño, y no serán parte de la licitación que prevé la ley 468 y sus modificatorias.
La iniciativa también establece que serán levantados los refugios peatonales que se encuentran en lugares prohibidos por la normativa vigente, junto con sus correspondientes partes eléctricas, y que se procederá a su reubicación conforme a criterios de interés público. Los mismos podrán seguir siendo explotados por el propio Gobierno de la Ciudad hasta tanto sea llamada la nueva licitación de mobiliario urbano, con la salvedad que no puedan ser alimentados con fluido eléctrico mientras dure la emergencia energética.
Según la diputada Ferrero, dado el considerable período de tiempo que ha pasado desde el vencimiento de las concesiones, sucesivas administraciones a cargo del Poder Ejecutivo porteño han decidido pasar por alto la resolución del problema de las concesiones de publicidad en la vía pública, nucleadas en torno a la explotación de refugios peatonales, pantallas transiluminadas y carapantallas. Tampoco se han tenido en cuenta los intereses del pueblo de la Ciudad, ya que "se ha favorecido desde el Estado local el desarrollo y la permanencia de negocios privados con ganancias desproporcionadas a partir de una facturación que supera mensualmente los cuatro millones de pesos, respecto a los magros beneficios que reportan al erario público, apenas unos 50 mil pesos mensuales", apuntó la legisladora.
Pero más allá de las cifras, la diputada aseguró que el Poder Ejecutivo de la Ciudad dejó que se ocupe el espacio público con el consiguiente perjuicio a la transitabilidad de peatones, permitió que se fracturen las visuales desde la calzada vehicular hacia la acera, dañando al comercio frentista y creando áreas opacas que impiden un patrullaje efectivo y representan condiciones propicias para que se cometan actos criminales. Ferrero agregó que "Ibarra admite que se quebrante lo dispuesto en el Código de Habilitaciones y Verificaciones, que establece la prohibición de emplazar publicidad en áreas verdes, donde se asienta la gran mayoría de estos elementos concesionados".
