Un grupo de travestís, lideradas por Marlene Wayar y acompañadas por Lohana Berkins, presidenta de la Asociación de lucha por la identidad travestí Transexual (ALITT), hizo llegar su malestar y su preocupación al jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra y al jefe de los Fiscales Contravencionales, José Luis Mandalunis, por los hechos ocurridos a fines de mayo de 2002. En ese entonces denunciaron, ante la Defensoría Del Pueblo, la "brutal" represión de la que fueron víctimas por intentar fotografiar el accionar de la Policía Federal
El 26 de mayo de 2002, agentes de la policía no identificados que aparentemente pertenecían a la Comisaría Nº 25 de la Ciudad de Buenos Aires, dispararon balas de goma contra activistas travestis. Estas intentaban fotografiar a agentes que habían hostigado a una pareja en un automóvil estacionado en Araoz 924 -frente al Hotel Gondolín donde viven las activistas. Moira Aquino recibió dos impactos -uno en la espalda y otro en la sien-, mientras que a Sabrina Ocampo una bala de goma le lastimó cerca de la boca.
"Monitorear de manera pacífica las acciones de la policía es un derecho civil. La participación pública es crucial para garantizar que el goce de los derechos humanos y la democracia no se verá en peligro por abusos de autoridad o por corrupción", expresa la carta enviada a los funcionarios.
Además afirma que "la venganza violenta por parte de la policía viola los derechos a la seguridad personal y a la libertad de expresión, reconocidos como tales en tratados de derechos humanos ratificados por Argentina, como por ejemplo, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura. Esos tratados se consideran prevalentes por sobre las leyes nacionales y municipales, según el artículo 75.22 de la Constitución Nacional y el artículo 10 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires".
"La ciudad de Buenos Aires -expresa Wayar en la misiva que también fue enviada al presidente de la Nación, Eduardo Duhalde y al ministro del Interior, Jorge Rubén Matzkin-, cuenta con un Código Contravencional progresista, que en principio establece controles frente al acoso policial al proporcionar toda una gama de alternativas al arresto en caso de contravenciones, desde el trabajo comunitario a las multas o la capacitación. Pero la realidad difiere del Código, y la policía aún no ha sido capacitada para actuar de acuerdo al espíritu de la ley que está obligada a hacer cumplir".
"Lo exhortamos a investigar de inmediato el incidente ocurrido en el Hotel Gondolín y a castigar a quienes sean considerados responsables de haber atacado a las activistas travestís. También lo exhortamos a garantizar que los agentes de policía reciban una capacitación adecuadas en temas de derechos humanos y minorías", concluye el documento.
