En la sección Cartas al País de un importante periódico, la defensora adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Graciela Muñiz, realizó un llamado de atención a las políticas macristas en relación a la Guardia Urbana.
Catalogada por el líder PRO de "estafa para la ciudadanía", la Guardia Urbana sería desmantelada y sus empleados podrían cumplir tareas en otras dependencias o simplemente "irse a sus casas".
"Quisiera recordarle al electo Jefe de Gobierno porteño que entre los 835 agentes que pertenecen a dicha repartición se encuentran contratadas personas con necesidades especiales (un 5 % según lo indica la Ley 1502)", expresó Muñiz. Y agregó: "Ahora pretenden, en nombre del famoso ‘recorte de gastos’, dejar ciudadanos sin acceso a un trabajo digno, considerando que a una persona discapacitada le resulta mucho más difícil conseguir empleo".
Desde el PRO, el diputado nacional y especialista en materia de seguridad del macrismo, Federico Pinedo, aseguró que el cupo de empleados con discapacidades establecido por la ley en el ámbito del Estado "se va a cumplir en todas las reparticiones".
Sin embargo reconoció que la situación de los contratados como agentes de la Guardia Urbana, "es un tema aún no definido" y que "habrá que determinar si se reasigna el personal a otras áreas o no".
