El lunes volvió a ser un día movido en lo referente al conflicto suscitado por el incremento en el pasaje de subte. Lo ocurrido esa calurosa jornada significó una divisoria de aguas para todos los involucrados en el tema, tanto para el Gobierno de la Ciudad que encabeza Mauricio Macri, por un lado, como para el plural y variopinto sector que une al sindicato de los trabajadores de Metrovías, usuarios enojados y políticos opositores al macrismo, como kirchneristas, progresistas, socialistas y de izquierda, entre otros.
Este grupo está unido por su oposición a que el viaje en subterráneo cueste 2,50 pesos, lo que significó un incremento del 127 por ciento en la tarifa, que antes costaba 1,10.
La suba impuesta por la administración de Pro una vez que se hizo cargo del servicio provocó que se presentaran varios amparos judiciales para que la Justicia declarara que la medida era ilegal. Y el lunes de esta semana fue crucial en la disputa porque el juez en lo contencioso administrativo tributario porteño Fernando Juan Lima avaló el incremento tarifario.
En su fallo, el magistrado sostuvo: ?El amparo es el proceso principal. No solo no fue rechazado sino que está en trámite. Lo que sucede es que el amparo es una vía excepcional, de trámite rápido. Y si bien las medidas cautelares son admisibles, su procedencia es muy excepcional. En este caso, la decisión no es un ?aval? al aumento. Lo único que se dice es que la cuestión no es tan clara, ni tan urgente como para hacer lugar a esa medida excepcionalísima?.
El impacto de la resolución judicial provocó un sacudón en los opositores al incremento, quienes confiaban en que la Justicia les daría la razón. Por eso, ese mismo lunes, luego de conocido el fallo, sus principales líderes mantuvieron una reunión en el hotel Bauen para definir los próximos pasos.
Luego realizaron una conferencia de prensa en donde destacaron, en primer lugar, su total oposición a lo actuado por el juez Lima. Aunque también anunciaron que los delegados de subte no continuarán con las medidas de fuerza llevadas a cabo al entrar en vigor el aumento, que se basaban en liberar los molinetes en las horas pico de afluencia de pasajeros, tanto a la mañana como a la tarde.
Sin embargo, aseguraron que se seguirán sumando firmas al petitorio en contra del trarifazo, además de convocar a encuentros en las comunas para debatir el tema. La declaración de los sindicalistas marcó un quiebre importante en el espacio opositor, ya que la decisión de respetar el fallo judicial y dar de baja las medidas de fuerza, algo que el representante de los trabajadores, Néstor Segovia, ya había adelantado antes de que se conociera lo dispuesto por el juez Lima, al señalar públicamente que si la Justicia avalaba la nueva tarifa, ellos respetarían el fallo levantando las acciones que venían llevando para encarar la lucha contra el tarifazo por otros medios.
Aunque respetó el fallo, Segovia no se privó de criticar al Lima. ?El magistrado se sintió presionado por la patronal. En el fallo en ocho oportunidades dice que no quiere afectar al servicio y después afirma que no quiere afectar la economía de la empresa, lo mismo que Metrovías?, atacó el sindicalista.
Sin embargo, el cese de medidas de fuerza no cayó nada bien en la oposición. ?La actitud tomada por los gremialistas no fue del agrado de los legisladores del Frente para la Victoria, quienes en la reunión del Bauen estuvieron liderados por Juan Carlos Dante Gullo. Para los políticos era necesario profundizar las cuatro acciones centrales de la protesta, que eran: el levantamiento de los molinetes, el petitorio para juntar firmas contra la suba, la convocatoria a una audiencia pública amplia para debatir en profundidad la cuestión y la presencia mediática de la oposición porteña al Pro para que a los usuarios del servicio les quedara claro que Macri aplicaba un tarifazo que solo beneficiaba al Grupo Roggio, el accionista mayoritario de Metrovías, sin realizar ninguna obra de mejoramiento de la red de subterráneos.
En conclusión, la decisión tomada por los trabajadores era vista por los K como un retroceso en la lucha?, le explicó a NU un dirigente porteño que participó en el cónclave. Para marcar aún más las posturas encontradas, al finalizar el encuentro María Elena Naddeo, legisladora del Frente Progresista y Popular, aseguró en tono combativo: ?Vamos a continuar con los reclamos junto a otros legisladores y las organizaciones en defensa de usuarios y consumidores, es nuestro compromiso, hasta que se realice la audiencia pública que la Ley 210 de la Ciudad fija como requisito para poder modificar las tarifas de servicios públicos?.
A pesar de las diferencias, tanto los políticos como los sindicalistas acordaron mantenerse unidos a la vista de los demás y continuar con su plan de lucha. Sin embargo, ya están analizando nuevas medidas para oponerse al tarifazo, mucho más concretas y de alta repercusión en la sociedad para, de esa manera, cuando se realice la audiencia pública sobre el tema, la mayoría de la opinión pública avale su posición. El tiempo tendrá la última palabra.
