La Sociedad Central de Arquitectos (SCA) reclamó a los diputados la aprobación del Plan Urbano Ambiental (PUA), al tiempo que expresó su "preocupación por la reciente reorganización de la estructura de gestión del planeamiento urbano y su consecuente incidencia dentro de las políticas de la Ciudad".
"(El PUA) se encuentra en tratamiento legislativo desde hace más de un año y medio y resulta decepcionante que todavía no se haya convocado a audiencia pública para su debate y posterior aprobación", afirmaron los arquitectos a través de una carta que dirigieron a los legisladores porteños.
La SCA también se refirió a los cambios estructurales realizados por el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, que implicaron la unificación de las secretarías de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano y la consecuente salida de Enrique García Espil -integrante de la Sociedad-.
Los firmantes aseguraron que si bien les parecía "interesante" la fusión, había ciertas cuestiones que los preocupaban, como las dificultades para coordinar al mismo tiempo a la Comisión Municipal de la Vivienda con la Corporación del Sur y la Corporación Antiguo Puerto Madero; la superposición de competencias en relación a la protección del patrimonio y el desmembramiento de la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro. Las funciones de esta última fueron absorbidas por la recientemente creada Secretaría de Gestión y Control Comunal, a cargo de Silvana Giúdici.
UN PLAN EN DIFICULTADES
El tratamiento del PUA se encuentra actualmente trabado en la Legislatura porteña, debido a que aún no se reunió el consenso necesario para su sanción. Recientemente, el actual presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Rubén Campos (UCR) -reemplazó este año a Marcelo Vensentini (Frente Grande) en la titularidad de la comisión- intentó que se archivara el expediente. Sin embargo, no pudo lograr su cometido debido a que el mismo, al contar ya con despacho de las cuatro comisiones que intervinieron en su estudio, sólo puede ser descalificado en el recinto de sesiones.
El accionar del diputado está en consonancia con el de las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) que participaron de la Comisión Asesora Permanente y Honoraria (ComAHP) y que también cuestionan el plan. Estas últimas critican que ni el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA) ni la secretaría de Planeamiento Urbano los tuvo en cuenta al elaborarse el proyecto, tal como establecía la ley.
Con esos argumentos realizaron tres presentaciones judiciales para frenar el tratamiento del proyecto. La resolución de una de ellas -a cargo del juez Roberto Gallardo- si bien denegó el pedido de no innovar, advirtió a los legisladores que el PUA podría ser declarado inconstitucional en el futuro. Por ese motivo, sólo un fuerte trbajo en la búsqueda del consenso previo con las ONG’s les garantizaría a los legisladores que no sufrirán un dolor de cabeza una vez que haya sido sancionada la ley.