Días atrás, NU informó de la presentación de un proyecto de decreto del Ejecutivo porteño para que se socialice la Caja de Honorarios de la Procuración de la Ciudad entre todos aquellos empleados ?sean o no abogados- que trabajan en las causas que tienen a la Ciudad como parte. La iniciativa impulsada por el procurador General porteño, Ramiro Monner Sanz, recibió la oposición de los letrados capitalinos, representados por el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Eugenio Cozzi.
Cuestionando la propuesta, de distribución de los honorarios profesionales de los letrados del organismo entre todos sus empleados,
Cozzi envío una nota al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en donde alertó que esta iniciativa resultaría inconstitucional, a raíz de que según explicó que por un lado ?se encuentra prohibida por el art. 10 inc. d) de la ley 23.187, por lo que mal puede disponerse lo contrario mediante un decreto o resolución administrativa?, y al mismo tiempo porque ?vulnera el derecho de propiedad de los trabajadores abogados, en orden a lo cuál la iniciativa cuestionada es contraria a los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional, y a los arts. 10, 11 y 134 del Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires?.
?Ante la gravedad del planteamiento efectuado, y encontrándose este Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal abocado con total firmeza a defender los derechos alimentarios que presuponen el cobro de los honorarios de los profesionales del derecho, vulnerados en los últimos años por normas que afectan sus derechos adquiridos y alimentarios, solicitamos a Ud. conceda una entrevista para tratar este tema a efectos de evitar futuros planteos de nulidad e inconstitucionalidad, en la inteligencia que el Colegio procederá a la defensa de las incumbencias y derechos de sus matriculados?, destacó Cozzi en su nota.
El presidente del CPACF, también remarcó en su misiva que se encuentra en estado parlamentario en el Congreso Nacional un proyecto de ley elaborado por la institución que nuclea a los letrados porteños en el cual, en su artículo. 9 dispone que ?es nulo el contrato sobre participación de honorarios entre un abogado o procurador matriculado y otra persona que no detente expedidos dichos títulos por la autoridad competente?.
Asimismo, agregó que en el Capitulo II de dicha iniciativa denominado Honorarios de abogados en relación de dependencia con el Estado y Organismos Públicos, se establece que, ?los honorarios regulados a favor de los Abogados que trabajan en relación de dependencia con el Estado y Organismos Públicos, que deben ser pagados por la parte condenada en costas, son de propiedad absoluta e inalienable del profesional y gozan de la garantía establecida por el articulo 17 de la Constitución Nacional.?; también que los honorarios de los abogados ?no pueden ser participados bajo ningún concepto por personal no letrado?, y que la forma de distribución de los mismos ?nunca podrá depender de lo que decida la autoridad administrativa?.
