El Ministerio de Capital Humano firmó un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) que habilita la contratación de profesionales externos. Pero el régimen llega hasta límites curiosos, como el caso de Ariel Romano, el segundo de Leila Gianni -la espada legal de Capital Humano- que este martes protagonizó un cruce con Juan Grabois luego de una auditoría en Comodoro Py en el marco de la causa que el dirigente social impulsó contra la ministra Sandra Pettovello.
Romano es uno de los tantos funcionarios que factura ante la OEI. Su designación, según señalan en el área de legales, está pronta a salir, pero por ahora cobra a través del organismo internacional como asesor legal externo.
El esquema de la OEI permite cerrar la contratación de personal por fuera de la administración pública, de manera de agrandar la planta de empleados sin dejar un registro público. También es utilizado para ensanchar los sueldos, en ocasiones magros, de funcionarios con firma y amplias responsabilidades.
La sospecha que se abrió en las últimas semanas, y que, por lo menos hasta ahora, investiga la Justicia, es que este tipo de contratación sirvió también para pagarle el sueldo a funcionarios que no cumplían funciones, es decir, para hacer una caja política.
Los contratos OEI quedaron bajo el foco de la Oficina Anticorrupción y de la Justicia por dos denuncias distintas impulsadas por el Ministerio de Capital Humano luego de una investigación interna que detectó irregularidades en las contrataciones.
La denuncia radicada en la Justicia lleva la firma de Gianni, la subsecretaria de Asuntos Legales, de cada vez más alto perfil. Lo llamativo es que al igual que todos los movimientos judiciales que inició la cartera conducida por Pettovello, también lleva la firma de Romano, el abogado que patrocina al ministerio en cada una de las denuncias. Es decir que quien impulsa el esclarecimiento de las presuntas desviaciones de las contrataciones contratación externas, es uno de los funcionarios que factura ante el organismo.
Sobre Romano no pesa la sospecha de ser un empleado fantasma del ministerio: ha mostrado una activa intervención en todas las denuncias que impulsó el ministerio. “Firmó todas las denuncias como letrado patrocinante”, explican cerca suyo, y agregan: “Él está a disposición de la gestión”.
Sin ir más lejos, este martes participó de la audiencia que encontró a Grabois con los representantes legales del Ministerio. “Como dijo la doctora (por Gianni), en el día de la fecha ya se ha entregado, o se están comenzando a entregar, de próximos vencimientos. Ni siquiera significa que había un delito. Ni siquiera están vencidos, ni siquiera hay incumplimiento de los deberes de funcionario público. Así que estamos ante una situación completamente atípica”; esgrimió Romano en la audiencia.
Hasta hace una semana no había precisiones sobre si el abogado pasaría o no a ocupar un cargo dentro del Ministerio de Capital Humano. Esa incógnita fue despejada en las últimas horas: su designación como director general de asuntos jurídicos se está cocinando en la subsecretaria a cargo de Gianni.
Romano es abogado de la UBA. Fue abanderado y se recibió con un promedio de 8.53. Tiene un estudio propio junto a un socio, quien también participó como asesor del ministerio.