El ministro de Economía, Luis Caputo ya lo había adelantado hace semanas, y ahora, sin el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, piensa cumplir a rajatabla: avanzará con un ajuste puro y muy duro, que sea capaz de disciplinar a aquellos gobernadores que tensaron la cuerda y obligaron al Gobierno a negociar mucho más de la cuenta.
En este contexto, Javier Milei, en su intimidad, menciona que, pese a una situación adversa desde todo punto de vista y con una semana compleja, logró terminar la semana con una “victoria”.
La nueva fase de la motosierra libertaria se empezó a vislumbrar hace dos semanas, con eje en el recorte al personal del Estado (la Sigen prepara un informe al respecto) y la quita de subsidios a las tarifas de servicios públicos (con transporte en el centro del radar, aunque pesa una cautelar que impide los aumentos que ya se comunicaron) y a la energía.
Pero hay más en el menú de un ajuste que contará con impacto a nivel nacional, provincial (directamente con el fin de las transferencias de Nación a las arcas de los distritos) y municipal.
El objetivo principal pasa por reducir directamente a cero un déficit financiero que terminó en 2023 siendo del 6,1% del Producto Bruto Interno, un número compuesto por la suma del déficit primario (que fue del 2,9%) y los intereses del servicio de deuda (3,2%). Con eso machaca cada vez que puede uno de los hombres de máxima confianza del titular de Hacienda, Pablo Quirno, el secretario de Finanzas.
En pos de esa meta, además de continuar con el fin de los fondos para la obra pública, hay algo muy claro en la agenda del equipo económico de La Libertad Avanza (LLA): los préstamos que se puedan conseguir de parte de los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, no se utilizarán para financiar obras, como en gobiernos pasados, sino para alcanzar el tan deseado equilibrio fiscal.
Hay más: en la Casa Rosada se analiza mirar con lupa todas las exenciones impositivas que existen, en especial las que tiene la provincia de Tierra del Fuego, que tiene la particularidad de estar fuera del alcance de los tributos nacionales. Entre las obligaciones eximidas del territorio que gestiona Gustavo Melella, aparecen el impuesto a las ganancias, a las ganancias eventuales y al valor agregado, entre otros. La gestión libertaria quiere terminar directamente con esos beneficios.
Las jubilaciones también entran en el terreno de la licuadora de LLA. Como lo advierten integrantes de la oposición parlamentaria, la fórmula previsional vigente le permite al Gobierno bajar gastos en haberes. Por eso, insistían con vehemencia en cambiar el mecanismo de actualización actual por uno indexado a la inflación y a partir de enero mientras el oficialismo lo quería, pero a partir de abril.
“El último avance de ellos fue sobre jubilaciones, ajustando a partir de abril con el índice de la inflación de marzo. Pero así se comían diciembre, enero y febrero. Y en ese punto no querían ceder porque necesitan hacer un ajuste. Prefieren un ajuste por la fórmula actual y eso les va a servir para lo que pretenden”, indicó Martín Tetaz, diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR).
Por otro lado, el personal que tiene el Estado sigue en la mira. No solo por la intención oficial de cerrar paritarias por debajo de la inflación, como denuncian los gremios que nuclean a los estatales, sino también por los recortes que se realizaron en la última semana: en Balcarce 50, muchos empleados de diferentes áreas se quejaron porque recibieron rebajas salariales, en algunos casos de 80 mil pesos de acuerdo a sus recibos de sueldo. Lo que alteró ánimos al por mayor y búsqueda de soluciones rápidas.
A su vez, desde ATE aseguran que hay 70 mil contratos de empleados que se renovaron por solo 90 días. Esos vínculos vencen el 31 de marzo y, la mayoría, quedará sin actualización. “Y vamos a tener muchos despidos, sin ningún tipo de criterio a diferencia de otros gobiernos”, remarca desde ATE.
Pese a este panorama, Milei puertas adentro siente que lo sucedido el viernes por la noche fue un triunfo, que la Casa Rosada no cedió en ningún momento, ante unos gobernadores intransigentes, que se quedaron sin actualizar montos de retenciones de acuerdo al proyecto ómnibus y ahora no tendrán más remedio que hacer números en sus cuentas.
Plan Motosierra 2
Empleados públicos: En el caso de los trabajadores del Estado, además de más de 70 empleados en la mira, se les sumarán descuentos de hasta $ 90 mil en los sueldos que comenzarán a verse con los salarios de enero.
Fondos: El Presidente pretende que no haya obras públicas de ningún tipo y que los fondos que provienen de organismos internacionales de crédito no puedan ser utilizados o, en su defecto, sean de ayuda financiera para el déficit.
Exenciones: Otro punto clave. El Gobierno analiza revisar los regímenes especiales con exenciones impositivas para determinados sectores para intentar modificarlos a futuro como parte del nuevo ajuste.
Jubilaciones: El jefe de Estado apuesta a “licuar” los haberes jubilatorios con subas inferiores a la inflación para que su peso en el presupuesto general sea menor.
