El círculo rojo consolidó sus reproches al “plan llegar” que, según acusan, el ministro de Sergio Massa instrumentó para lograr hacer campaña electoral y mantener a raya las “distorsiones” macroeconómicas, de modo de lograr crear un puente entre las dificultades actuales y las elecciones primarias, generales y el eventual balotaje.
La Unión Industrial Argentina (UIA), que conduce el también presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia (Copal), Daniel Funes de Rioja, sostuvo que “las últimas medidas adoptadas por el Gobierno nacional impactan negativamente en la producción, limitando aún más el acceso a insumos necesarios para la industria”.
Y advirtió que “afectarán la actividad, con fuerte impacto en las pymes, a partir de una mayor presión fiscal al sector productivo, mayores costos y pérdida de competitividad para la exportación. Resulta fundamental evitar el sesgo antiexportador y las distorsiones de precios que generan estos esquemas que impactan aleatoriamente en las cadenas de valor”, disparó la central fabril.
Los industriales, que mantienen un diálogo cotidiano con los funcionarios de Economía por los permisos del Comercio Exterior, dejaron ver su enojo por las medidas inconsultas. Fuentes de la UIA confiaron que existe una “fuerte incertidumbre” sobre los alcances de los anuncios.
Entre los argumentos para justificar el tono fuerte que tomó la entidad, desde la mesa de conducción se quejaron de la “falta de tacto” de Massa. Las fábricas se quejan de que la medida “aplica sobre importaciones pautadas con anterioridad generando costos retroactivos que no tenían cobertura cambiaria, generando un quiebre en la cadena de pagos de los sectores afectados”.
Pronosticaron mayor presión a la inflación
Hay una alerta que encendió luces amarillas en el Palacio de Hacienda: las amenazas de traslado a precios de los nuevos costos. Para los industriales, “no se conoce aún la normativa para saber el alcance de la excepción del Impuesto PAIS para insumos y bienes intermedios vinculados en forma directa a productos de la canasta básica alimentaria y para combustibles, lubricantes, bienes vinculados a la generación de energía”; como tampoco “se ha contemplado eximir a todo lo que está en el marco de acuerdos de Precios Justos lo que presionará aún más sobre costos y precios”. Para la UIA, “existe además la dificultad para exceptuar a todas las materias primas, insumos y bienes intermedios asociados a los bienes de canasta básica”.
Para los dueños mercantiles, el escenario es, incluso, peor. Según un informe interno de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), las medidas son “cortoplacistas” y “no generarán una mejora sostenida” de las reservas del Banco Central. “Es intentar llegar a las PASO sin un salto devaluatorio que complique aún más el panorama económico y social del país. El problema es que parte de las medidas aplicadas impactarán en precios, sumándose al alza del tipo de cambio que surge en el mercado financiero y a la suba del informal”.
La cámara de comerciantes, que preside Mario Grinman, calificó lisa y llanamente a las medidas como la implementación de una “depreciación de la moneda” y un “desdoblamiento cambiario”, debido a que significa una “devaluación encubierta o heterodoxa con las consecuencias macro contractivas que eso implica, junto con un aumento de la presión impositiva que acarrea menos competitividad a un sector privado bastante golpeado en el país por el peso del fisco”.
Además, advirtió que “el sector podría esperar que la situación empeore, por lo cual es necesario cubrirse con stock y no quedar fuera del mercado en las próximas semanas”, lo que “agravaría aún más el problema de divisas del BCRA”. La CAC también reclamó “medidas conjuntas y de fondo para intentar frenar la escalada de precios, generar credibilidad en las autoridades del país y en el peso como moneda de cambio y ahorro”.
Alerta de judicialización
Los dueños de las grandes empresas y multinacionales con negocios en la Argentina, enroladas en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) acusaron al Gobierno de volver a incrementar la presión tributaria, “con medidas que impactan sobre la competitividad de las exportaciones y generan costos retroactivos sobre importaciones ya pautadas”.
“Esta decisión, que implica la creación discrecional de nuevos impuestos omitiendo la participación del Congreso Nacional, genera enorme preocupación en el mundo empresario”, sostuvo. Con esa alerta, el círculo rojo dejó abierta una ventana a la judicialización de las medidas, según confesó una fuente empresaria.
El Foro de Convergencia Empresaria (FCE) también advirtió que “el único habilitado para la creación de nuevos impuestos y la ocasión para hacerlo es la discusión del presupuesto 2024″ en el Congreso, y dijo que “el déficit fiscal generado por el aumento del gasto público en todos los niveles de gobierno, las pérdidas de las empresas del Estado, los subsidios a la energía y el transporte y el financiamiento de dichas deudas a través de la emisión monetaria, nos ha llevado a una tasa de inflación muy elevada que constituye un impuesto adicional, especialmente sobre los sectores más vulnerables”.