El Colegio de Abogados de la Cuidad de Buenos Aires manifestó su repudio a la marcha contra la Corte Suprema convocada para el próximo 1° de febrero en la Plaza Lavalle, y alertó sobre la gravedad institucional que el acto conlleva y lo calificó como “un inminente atropello a los poderes constituidos”.
De esta manera se sumó a varios de los reclamos contra la manifestación promovida por el gobierno nacional, especialmente por el ala kirchnerista, y que sumó recientemente el respaldo de distintos líderes políticos, sociales y sindicales afines al Frente de Todos, como Hugo Moyano y Hebe de Bonafini.
A través de un comunicado indicaron: “El ataque sistemático al Poder Judicial resulta un evidente artilugio demagógico para sembrar la duda en la población acerca de si los jueces son independientes o no, cuando lo que resulta institucionalmente correcto es que se ejerciten los mecanismos constitucionales para juzgar -en su caso- la conducta de estos jueces que se invocan como inidóneos para el ejercicio de la magistratura”.
Además, desde el Colegio llamaron a la reflexión a quienes adhieren a la convocatoria del “juez nacional Juan Ramos Padilla y otras organizaciones políticas y sindicales”, con el objetivo de reclamar la renuncia de “los cuatro cipayos con Toga para construir un Nuevo Poder judicial al servicio de todas y todos los Argentinos”.
El texto que lleva la firma del directorio indica también: “La Constitución Nacional expresamente veda al pueblo deliberar o pretender gobernar sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por ella. Constituyendo delito de sedición quienes se reúnan atribuyéndose los derechos del pueblo y peticionen a nombre de éste”.
Y agregan: “La conducta que pretende ponerse en ejecución mediante esta convocatoria a reunirse para obtener la dimisión de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra en pugna con expresas normas legales y, aunque no se configure en definitiva el resultado deseado por quienes lo están pergeñando, la sola atribución de los derechos del pueblo, genera un impacto en la sociedad que repudia este tipo de maniobras”.
Además remarcaron que “es fundamental que se comprenda que el bien jurídicamente protegido por el delito de sedición es ‘el orden jurídico normativo en sí mismo y los órganos creados como ejecutores de sus preceptos y guardianes de su cumplimiento’”.
Y advirtieron también que la adhesión a esta “convocatoria popular en repudio del Poder Judicial, por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Nación” implica “una situación de inusitada gravedad institucional” y pidieron alertar población “en pos del sostenimiento de las instituciones republicanas”.