En medio del camino al 14 de noviembre, en el plano judicial estalló un conflicto que mantiene enfrentados no sólo al oficialismo y la oposición, sino que también a constitucionalistas y representantes del derecho.
Se trata de la ley que aprobó la Legislatura porteña el mes pasado para dotar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) de facultades revisar causas nacionales. La iniciativa que fue convalidada por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y que la semana pasada recibió dos amparos que la rechazan por considerarla “inconstitucional”. En el plano político, el Frente de Todos sostiene que la ley favorecería a la familia Macri en la Causa Correo.
Una de las presentaciones lleva la firma de Eduardo Awad, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°8, a cargo de la jueza María Cecilia Gilardi Madariaga, que debe definir en los próximos días si hace o no lugar. Allí sostienen que “vemos azorados como en la Legislatura de la Ciudad, una mayoría circunstancial de legisladores ha decidido avanzar y votar un proyecto de ley que resulta absolutamente violatorio de la Constitución Nacional y de las más elementales normas del derecho y de la tan mentada ‘seguridad jurídica’”.
A su vez, en la medida cautelar advierten que la supuesta violación a la Constitución “podría aparejar innumerables consecuencias” para la Ciudad de Buenos Aires. También reiteran que la Legislatura porteña no era el lugar en el que se debía haber tratado la posibilidad de que el TSJ pueda revisar causas nacionales como instancia previa a la Corte Suprema de Justicia.
GUERRA JUDICIAL POR LA NUEVA INSTANCIA
"GENTE DE DERECHO" y el @CPACF
presentaron hoy amparos contra la ley de la Ciudad que, inconstitucionalmente impone una nueva instancia procesal al fuero Nacional, dilatando y encareciendo los procesos.
AMPAROS EN: https://t.co/YyueBwf0dt— Jorge Rizzo GdD #La47 (@DrJorgeRizzo) October 29, 2021
Jorge Rizzo, abogado en representación de Awad y autor de la otra presentación que busca detener la aplicación de la ley, le dijo al diario Perfil: “La Ciudad no tiene competencia para dictar ese tipo de normas, el Congreso debe hacerlo. Pero tampoco estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión porque creemos que hay un espíritu secesionista porque parece que se quiere tener un país dentro de otro”.
Y agregó: “En el rechazo a la ley no hubo grietas: la Asociación de Magistrados la rechazó al igual que sus adversarios de Justicia Legítima; Julio Piumato de la Unión de Empleados Judiciales también lo hizo al igual que sus antagónicos del Sindicato de Trabajadores Judiciales. El procurador Eduardo Casal también advirtió que no se puede, lo mismo con la Asociación de Fiscales, es decir, se ha unificado el rechazo y del otro lado quedaron solo los abogados del PRO y los radicales”.
▶El contexto
Desde la óptica porteña, la Ley viene a cumplir con una deuda relacionada al proceso de traspaso de la Justicia a la Ciudad, algo que se fijó en la Reforma Constitucional de 1994 y se fijó dos años después en la Constitución porteña pero que aún no se ha cumplimentado del todo. Es decir, se decidió que la Capital Federal debía intervenir y controlar causas de diferentes materias y Juzgados pero sólo se ha instrumentado parcialmente a partir de diferentes convenios.
El legislador de Vamos Juntos Gastón Blanchetiére, quién propuso la modificación que introdujo la posibilidad de que el TSJ trate causas nacionales, le dijo al diario Perfil que la iniciativa “busca saldar de una vez por todas una cuestión que se viene planteando hace rato”. En esa línea descartó que se trate de la creación “de una nueva vía o tercera instancia”, sino que “estamos aclarando algo que se establece en la Ley 48 que regula el acceso a la presentación de recursos ante la Corte, algo que en el caso de las provincias, para llegar a esa instancia siempre hay que pasar por los Tribunales Superiores de Justicia”.
En cambio, desde el Frente de Todos se multiplicaron las voces que rechazaron la ley por considerar que la Legislatura no tiene las facultades para instrumentarla y esgrimieron que se trata de una estrategia del oficialismo porteño para que la familia Macri tenga a disposición una estrategia de “fórum shopping” o elección del Tribunal más conveniente. En ese caso sería el TSJ, apuntado por estar conformado en su mayoría por jueces vinculados al Pro como la presidenta Inés Weimberg de Roca, candidata del ex presidente Mauricio Macri para ocupar la Procuración General; el vocal Santiago Otamendi ex secretario de Justicia durante la gestión de Germán Garavano en esa cartera nacional y Marcela de Langhe, ex directora del Instituto de Formación de la Policía de la Ciudad.
En el plano cotidiano, los detractores de la iniciativa sostienen que puede afectar a los vecinos y vecinas de la ciudad. Aseguran que se trata de “una tercera vía” que insumiría el gasto de más dinero y mayor cantidad de tiempo al emprender un proceso judicial.
🔵ÁREA METROPOLITANA | Dos amparos contra la ley porteña que otorgó poder al TSJ local sobre la Justicia Nacional.@CPACF @DrJorgeRizzo@albertolugones @amfjn
Nota completa 👇https://t.co/3M5oNSkHJq
— Tiempo Judicial (@TiempoJudicial) October 29, 2021
▶Las grieta de los constitucionalistas
Ante el avance de las manifestaciones de rechazo a la medida, el diario Perfil consultó al abogado constitucionalista Daniel Sabsay, cercano al macrismo, quien reconoció que en los términos formales Casal tuvo razón al rechazar esa posibilidad. Sin embargo, defendió la ley al asegurar que “alguien tiene que hacer” que se cumpla con la Constitución en relación al traspaso.
Sabsay manifestó: “Al no haberse hecho el traspaso de la Justicia local, es decir, sólo se han pasado algunos tribunales, no se ha cumplido con la Constitución en la medida que en la Capital Federal ocurra lo mismo que en la Justicia de las provincias. Es lógico que en todas las causas de naturaleza local haya un Tribunal Superior que decida antes de ir directamente a la Corte Suprema”.
Del otro lado de los constitucionalistas, esta Andrés Gil Domínguez, habitual crítico de las medidas judiciales vinculadas al macrismo, quien consideró que “es una ley ostensiblemente inconstitucional”.
Y concluyó: “Es inexplicable que en la carrera prolija que tiene Larreta, que es muy prolijo en su construcción de poder, haya validado una medida inconstitucional desde el punto de vista formal. Es algo que podría haberse resuelto con una ley nacional o a través de la vía jurisprudencial esperando el pronunciamiento de la Corte Suprema”.