El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, presidido por Ricardo Gil Lavedra, ha emitido una declaración institucional en la que manifiesta su preocupación por la reciente designación en comisión de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el decreto N° 135/2025. Según el comunicado, esta medida compromete seriamente la independencia judicial y pone en riesgo la confianza pública en el máximo tribunal del país.
La declaración subraya que, más allá del debate sobre el alcance de la facultad presidencial establecida en el artículo 99 inc. 19 de la Constitución Nacional, es indiscutible que se trata de una potestad excepcional y de interpretación restrictiva. En este sentido, la designación de jueces de la Corte por decreto no puede justificarse bajo el pretexto de una demora en el proceso regular, advierte el Colegio Público.
“Nuestra Constitución exige que los jueces de la Corte Suprema sean designados a través de un proceso complejo, en el que intervienen tanto el Poder Ejecutivo como el Senado. Este proceso requiere una mayoría agravada de dos tercios para la aprobación o no de los pliegos de los candidatos. Un juez designado provisionalmente se encuentra en una situación de fragilidad, que podría condicionar su desempeño, pues su permanencia en el cargo depende de la voluntad de los poderes políticos”, señala el comunicado.
🟦 RESPETAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
La designación en comisión de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el decreto N° 135/2025, compromete seriamente la independencia judicial y pone en riesgo la confianza pública en el máximo tribunal del país.… pic.twitter.com/SvCNCDUq2a
— C.P.A.C.F (@CPACF) February 26, 2025
Además, el Colegio Público destaca que la legitimidad de la Corte no solo radica en la idoneidad de sus integrantes, sino también en la observancia de los mecanismos establecidos para su designación. Estos procedimientos no constituyen meras formalidades, sino que son pilares fundamentales para resguardar la independencia judicial y consolidar la credibilidad de las instituciones.
Por ello, la entidad insta a los poderes públicos a encontrar los consensos necesarios que permitan integrar la Corte de manera regular, garantizando la diversidad de género y el respeto irrestricto a las normas constitucionales. En palabras del Colegio Público, “la mejor manera de fortalecer nuestras instituciones es honrando los procedimientos establecidos, garantizando así la independencia del Poder Judicial y la confianza de la ciudadanía en sus jueces y en el estado de derecho.”
Finalmente, el comunicado hace un llamado al Senado para que apruebe o rechace los nombramientos, despejando el manto de incertidumbre que se ha creado sobre tan delicada cuestión institucional.
“Es imperativo que el Senado se pronuncie, permitiendo así que la Corte Suprema cuente con los jueces que la Constitución exige y que la ciudadanía merece”, concluye la declaración.
