El Colegio público de la Abogacía de la Capital Federal que preside Ricardo Gil Lavedra dio a conocer un comunicado en contra de las declaraciones efectruadas por el presidente de la Nación, Javer Milei.
“Las reiteradas agresiones hacia los periodistas, a quienes menciona con nombre y apellido, refiriéndose con epítetos soeces y arengando a sus seguidores a insultarlos, es inaceptable en una democracia liberal. La diatriba presidencial habilita una escalada de hostigamiento y de violencia contra los trabajadores de prensa. La palabra del funcionario más importante del país es seguida de un aluvión de mensajes de adeptos que reproducen agresiones y hostilidad. El efecto mas evidente es inhibir la expresión, provocar la autocensura”, señaló el comunicado.
Y además, desde el Colegio expresaron: “El papel que desempeña la libertad de expresión en un sistema democrático es estratégico, porque facilita el control de los actos de gobierno, promueve el debate sobre los asuntos públicos, permite la información de la ciudadanía y contribuye a la conformación de la opinión pública”.
“La democracia se nutre de la libre discusión de las ideas. Si la soberanía reside en el pueblo, éste debe poder recibir libremente todas las informaciones y opiniones que circulen sobre cuestiones de interés público y corresponde, a su vez, que se garantice el derecho a la crítica y al disenso. Es propio de gobiernos autocráticos no tolerar opiniones contrarias al gobierno”, diuce el texto a continuación.
También se mencionó que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho que la libertad de expresión es ‘la piedra angular de toda sociedad libre, democrática, es indispensable para la formación de la opinión pública y es conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general quienes deseen influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre’ (Opinión Consultiva 5, del 13 de noviembre de 1985)”.
Para finalizar, desde el Colegio señalaron: “Ese mismo tribunal ha sostenido que quienes ejercen funciones públicas se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente y, consecuentemente, en ese ámbito se ven sometidos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público (Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos: Ricardo Canese Vs. Paraguay, del 31 de agosto de 2004, Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, del 2 de julio de 2004, Ivcher Bronstein Vs. Perú, del 6 de febrero de 2001, Palamara Iribarne Vs. Chile, del 22 de noviembre de 2005; entre muchos otros). Desacreditar a los medios de comunicación, en lugar de fomentar un debate democrático y constructivo, debilita las instituciones democráticas. Además, constituye un método de censura indirecta. Los métodos más frontales de presión contra la libertad de prensa, como la clausura de los medios, las agresiones físicas a periodistas y las acciones judiciales intimidatorios han cedido su paso a perturbaciones no menos efectivas, a métodos más sofisticados para silenciar las voces críticas. El hostigamiento al periodismo es una de ellas, logra el mismo efecto que la censura directa: la expresión no circula. No tolerar a la prensa libre es no tolerar a la democracia”.