Pese a que la idea inicial era convocar a sesiones extraordinarias primero en la semana del 17 de enero y luego el 24 de enero, el Poder Ejecutivo encabezado por Alberto Fernández resolvió postergar la citación al martes 1 de febrero.
Esto no significa que ese mismo día el Congreso volverá a funcionar a pleno con todas sus comisiones, pero al menos los legisladores tendrán que estar disponibles para trabajar desde ese mismo día en Buenos Aires.
“El temario aún no está cerrado”, señalaron a la agencia NA fuentes parlamentarias, mientras que en el Gobierno deslizaron que “los temas que incluirá están siendo analizados”.
No obstante, sería a grandes rasgos el mismo borrador del que se venía hablando, con el Consenso Fiscal 2022 que firmó el presidente Alberto Fernández junto a todos los gobernadores (a excepción del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta) a la cabecera. Dicho proyecto faculta a las provincias a modificar impuestos a la alza o a la baja en la medida en que necesiten readecuar su estructura recaudatoria.
El otro proyecto de relieve que ingresaría es la reforma del Consejo de la Magistratura, debido al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley sancionada en 2006 que regula el funcionamiento del organismo encargado de seleccionar a los jueces. .
Tanto el oficialismo como la oposición coinciden en la urgencia de tratar el tema este verano, ya que en su fallo de mediados de diciembre el máximo tribunal de Justicia otorgó 120 días corridos para realizar cambios en la composición del Consejo.
La Corte exhortó al Congreso a sancionar una nueva normativa por considerar que hasta ahora no se respetó el equilibrio entre los estamentos de la política, los jueces y los abogados que dan forma al organismo encargado de seleccionar y disciplinar a los magistrados.
De no cumplir con este plazo perentorio, que vence el 15 de abril, el cuerpo quedará inhabilitado para firmar resoluciones tras esa fecha y a su vez, será obligado a retomar la integración que tenía antes de la ley de 2006, cuando eran 20 miembros y no 13.
El proyecto del oficialismo, que reunirá la mayoría en el Senado si el Frente de Todos tiene asistencia perfecta y suma dos aliados a la causa (no así en Diputados donde la cuenta es mucho más compleja) apunta a elevar de 13 a 17 los integrantes del Consejo, incorporando dos abogados, un juez y dos representantes del ámbito académico y científico.
De prosperar la iniciativa del Gobierno, el Consejo quedaría integrado por cuatro jueces del Poder Judicial (ahora son dos), seis miembros del Poder Legislativo (tres diputados y tres senadores nacionales, siendo dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría), cuatro representantes de los abogados (ahora son tres), un representante del Poder Ejecutivo, y por último dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo).
Siguiendo la perspectiva de género presente en el proyecto oficialista, tanto en el caso de los legisladores nacionales como en el del estamento de académicos y científicos, y el de los abogados, al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.
El temario incluirá la ley marco para la producción medicinal de cannabis y cáñamo industrial; la ley de electromovilidad para el mercado de los autos eléctricos; la nueva ley de hidrocarburos, la de agroindustria y el régimen de promoción industrial automotriz.
En cambio, se enfrió (aunque no se descartó) la posibilidad de incluir en la agenda de extraordinarias el “Plan Plurianual”, anunciado en noviembre del año pasado por el Presidente, con la idea de traducir en una ley del Congreso un programa de metas económicas compatible con los alcances de un eventual acuerdo con el FMI.
