El Consejo de la Magistratura aprobó la semana pasada las ternas de candidatos para cubrir cuatro cargos de camarista comercial de la Ciudad de Buenos Aires, dos de juez del tribunal oral federal de Comodoro Rivadavia y el de juez federal de Bariloche. La lista que el Consejo envió al Poder Ejecutivo incluye a postulantes que ya intervinieron en causas de alto voltaje político.
Uno de ellos es Hugo Greca, actual juez federal de General Roca que se postula para un cargo equivalente en San Carlos Bariloche. Ya había sido subrogante del juzgado en esa ciudad y su nombre cobró notoriedad nacional cuando le cedió a una comunidad mapuche el “uso exclusivo” de terrenos de Parques Nacionales, fallo que luego fue revertido por la Cámara de Casación. En Roca había sido acusado por una secretaria letrada de “acoso laboral y violencia contra las mujeres”, cargos que él siempre negó.
Otro es Javier Cosentino, juez comercial de la Capital Federal que aspira a ascender a camarista, que declaró la quiebra de Oil Combustibles, fue recusado por Cristóbal López y Fabián De Sousa, y fue denunciado -sin éxito- ante el Consejo de la Magistratura por el exministro de Seguridad y de Justicia Aníbal Fernández, en su carácter de abogado de estos dos empresarios.
También está ternada para la Cámara de Apelaciones en lo Comercial la jueza del mismo fuero Marta Graciela Cirulli, que decretó la quiebra de Correo Argentino, empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri, que siempre siguió las causas ligadas a esta compañía con especial atención.
Según el macrismo, este expediente fue utilizado para perseguir al expresidente; sobre todo, mientras intervino en el caso Carlos Zannini como Procurador del Tesoro, en el gobierno de Alberto Fernández. Socma recusó a Cirulli, que entre otras medidas cuestionadas por el grupo Macri, ordenó la intervención de Correo Argentino “con desplazamiento” del órgano de administración.
Otro candidato que aspira a ser camarista comercial es Manuel Cuiñas Rodríguez, que fue el número dos de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el kirchnerismo, cuando ese organismo era dirigido por Ricardo Nissen. Cuiñas Rodríguez y Nissen fueron acusados del delito de “abuso de autoridad” por una supuesta persecución a empresas ligadas a Lago Escondido. El 2 de octubre de 2023 fueron sobreseídos por el juez de la causa, Daniel Rafecas, pero la querella (Hidden Lake SA) apeló y Cámara Federal reabrió la causa contra los dos en diciembre del año pasado. El 5 de julio, Rafecas volvió a sobreseer a Nissen y a Cuiñas Rodríguez.
En el concurso para la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, de los 12 postulantes que integran las ternas que el Consejo envió al Poder Ejecutivo, ocho son funcionarios de carrera de los Tribunales (seis de ellos, jueces de primera instancia), tres son abogados que ejercen la profesión y uno es hoy funcionario del gobierno de Jorge Macri: Jorge Djivaris, actual secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Djivaris, como casi todos los concursantes, también tiene un pasado en el fuero comercial. Y como gran parte de los postulantes, es además profesor universitario. En el caso de él, su carrera académica incluye haber sido coordinador del Departamento de Derecho Procesal Civil de la Universidad Austral.
El concurso en cuestión, para la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, es el Nº 478, destinado a cubrir los cargos vacantes en las salas B, C, y E (en esta sala, dos) del tribunal que revisa las decisiones de los jueces comerciales de primera instancia.
Fueron propuestos en la primera terna Cuiñas Rodríguez, que salió primero en el concurso; Valeria Pérez Casado y Fernando Gabriel D’Alessandro. Pérez Casado es titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 18. De carrera en los tribunales, pertenece en la interna de los jueces a Compromiso Judicial, la más nueva de las agrupaciones de magistrados, que quedó tercera en las últimas elecciones para presidir la asociación de jueces. D’Alessandro es el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 7. Su carrera judicial empezó en 1987 en el fuero comercial. Es profesor adjunto de Contratos en la UBA desde 2012. Un caso de alta sensibilidad política que pasó por sus manos fue la disputa por el club Comunicaciones entre los Moyano y el gobierno porteño. D’Alessandro consideró que la oferta de Moyano era la mejor y le dio el control del club, en una decisión que la Cámara luego revocó. Comunicaciones terminó finalmente en manos de los socios.
La segunda terna que el Consejo envió al Poder Ejecutivo está integrada por Cosentino, Daniel Alejandro Casella, y Cirulli. Cosentino y Cirulli son dos personas muy conocidas en el fuero; de larga carrera judicial. Casella ejerce como abogado particular. Es socio del estudio Casella & Hilal.
El juzgado de Bariloche
En el concurso Nº 436, destinado a cubrir el cargo de juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche, la terna quedó integrada por Leandro Agustín Gómez Constenla, Greca y Patricia Luján Cisnero.
Gómez Constenla es secretario letrado en el Consejo de la Magistratura y dirigente, en la Asociación de Magistrados, de la lista Bordó, que preside la agrupación desde hace 22 años y se caracterizó por ser la más crítica de las políticas del kirchnerismo en lo que respecta a la Justicia. Nació en Bariloche y se mudó a los 17 años a Buenos Aires para estudiar abogacía. Un año después, ingresó como meritorio en la justicia federal, donde llegó hasta secretario. Está ternado además para juez de tribunal oral federal de Comodoro Rivadavia.
Cisnero también comenzó su carrera en la justicia federal porteña -en su caso, como escribiente auxiliar en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12-. En 2014 se convirtió en fiscal federal subrogante en la Fiscalía N° 1 de Lomas de Zamora y luego fue nombrada auxiliar fiscal en la Procuraduría de Narcocriminalidad en el Ministerio Público Fiscal.
Los tribunales de Comodoro Rivadavia
El Consejo de la Magistratura aprobó también el concurso Nº 452, destinado a cubrir dos cargos de juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, en Chubut. La primera terna la integran Gómez Constenla (también primero para el juzgado federal de Bariloche), Ángela Cecilia Pagano Mata (secretaria de fiscalía en Bariloche) y Sebastián Pedro Ruiz (secretario del Tribunal Oral Federal 4 de la Capital Federal).
La segunda terna la conforman Pablo Javier Flores (secretario de Cámara de un tribunal oral federal de San Martín, provincia de Buenos Aires), Carlos Ezequiel Oneto (secretario en Mar del Plata) y Mabel Elena Castelnuovo (también de carrera judicial). Y en la lista complementaria están Andrea Viviana Vázquez (jefa de fiscales desde hace 17 años en Sarmiento, un poblado que está 160 kilómetros al oeste de Comodoro Rivadavia), Alejandro Gabriel Soñis (juez en Comodoro Rivadavia) y Lucía Romina Orsetti (secretaria de una fiscalía federal de la Capital).
Cómo sigue el trámite
En el trámite para designar a los jueces nacionales y federales intervienen el Consejo de la Magistratura, que evalúa a los candidatos y elabora las ternas de postulantes; el Poder Ejecutivo y el Senado.
En estos concursos, en los que se cumplió ya la primera etapa del proceso, le corresponde ahora al Presidente elegir a su candidato para cada uno de los cargos y enviar el nombre del elegido -o la elegida- al Senado, para que decida si le da su acuerdo.