“Este será el diciembre más tranquilo en mucho tiempo”, escribía, hace veinte días, un periodista militante del oficialismo en su cuenta de Twitter. Veinte días, en la Argentina, es mucho tiempo. Cuando se escribe esta nota, resuenan en los medios de comunicación los ecos de la violencia durante el tratamiento de una ley previsional que recorta el monto de jubilaciones, asignaciones universales y pensiones a diecisiete millones de beneficiarios para ofrendarle al presupuesto unos cien mil millones de pesos durante el próximo año. Esa iniciativa oficial, piedra fundante de su segundo bienio en la Casa Rosada, desató una reacción en cadena en la política y en la sociedad, de forma inesperada pero no sorprendente, que alcanzó todos o casi todos los rincones sensibles para una ciudadanía que desde hace años pide más normalidad y recibe todo lo contrario: el bolsillo y los símbolos, los jubilados y los más chicos, la calle y el palacio, la represión del Estado y la violencia contenida (o ya no) entre los sectores marginados y marginales, el trabajo y “los planes”, los sindicatos y las organizaciones sociales, la clase alta, la clase media, la clase baja y los desclasados, todos partidos al medio por un conflicto que nos encontró pensando en otra cosa.
Cordial recordatorio: la sociedad argentina es una sociedad políticamente muy activa. Algo que Cambiemos usufructuó a su favor como oposición y parece haber olvidado desde el 10 de diciembre de 2015. Olvido que, a la luz de los hechos, puede tener un costo político carísimo. El recorte previsional fue una medida impopular, en todos los sentidos de la palabra; cuatro de cada cinco argentinos la rechazaban, según encuestas que manejaba el propio Gobierno. La decisión del Gobierno de avanzar, a pesar de todo, a libro cerrado hizo más por unir a la oposición, en el Congreso y en la plaza, que la oposición misma en los últimos dos años. El apriete a los gobernadores tensó al límite una relación clave para la gobernabilidad. El apuro por sacarla sin cuórum lastimó el poder de palanca de la primera minoría en el recinto. La represión, que alcanzó a diputados opositores y a periodistas, puso al país en la tapa de los diarios del mundo de la peor manera. La clase media porteña les dio la espalda por primera vez desde 2007, cuando Mauricio Macri asumió la jefatura de Gobierno.
En solo cinco días, entre el jueves 14 y el martes 19, la coalición oficialista, que venía con el envión y la legitimidad de una victoria electoral contundente en todo el país, vio cómo buena parte de ese capital político se le escapaba entre los dedos de las manos. Así como las consecuencias son vastas, las explicaciones tampoco son lineales, pero en buena parte tienen que ver con la ruptura del contrato electoral con sus votantes. Cambiemos llegó al gobierno prometiendo subir las jubilaciones y promovió el año pasado una reparación histórica que (además de dejar un agujero enorme en el sistema previsional) fue en muchos casos de un monto insignificante y decepcionó a los beneficiarios, pero en la última campaña electoral no solamente no mencionó sus planes sino que los negó explícitamente. Fue mucho para un electorado compuesto, en gran parte, por jubilados o personas cerca de la edad de jubilarse. El lunes 18 por la noche, en las esquinas de todos los barrios y alrededor del Congreso, mientras golpeaban cacharros, los porteños no cantaban “Vamos a volver”; cantaban “Que se vayan todos”.
Violencia. Grupos de manifestantes protagonizaron duros choques con las fuerzas de seguridad.
El segundo punto de quiebre fue que el centro de la Ciudad volvió a convertirse en un campo de batalla, después de catorce años y medio. Es inútil e innecesario jugar al huevo y la gallina entre la violencia estatal (de uno y otro lado de la valla) y la violencia de un sector minoritario de manifestantes radicalizados o lúmpenes: nunca importa quién empezó, las responsabilidades y los costos políticos se reparten de manera inequitativa y siempre el fardo más grande recae políticamente sobre el Estado. Ningún ataque por parte de un sector minoritario de manifestantes justifica que las fuerzas de seguridad avancen de forma irrestricta contra los que manifiestan de forma pacífica y legítima. La liberación de todos los 68 detenidos el lunes, por falta de evidencia, pone en evidencia la mala praxis policial. Las lesiones graves de diputados opositores y a periodistas también son prueba de que, en el mejor de los casos, se repartían gases, palos y tiros sin discriminar, amén de que colocan al presidente venezolano Nicolás Maduro en posición de lamentar y condenar esos sucesos. Parece un chiste, no lo es.
Por otra parte, a ningún gobierno le hace bien que se vea lo que se vio el jueves y el lunes en las cuadras que van del Congreso a la Casa Rosada. A este, que prometió gobernar para unir a los argentinos, cerrar la grieta y acabar con la violencia política, mucho menos. La represión en la Patagonia llega a los hogares de las gran ciudad asordinada por la distancia; la represión en la avenida 9 de Julio le explota en la cara a los que votaron para que la intensidad bajara, no subiera. Cambiemos prometía normalidad y empezó su tercer año de mandato en un estado de semiexcepción en el distrito donde hace dos meses fue votado por más de la mitad de los vecinos. Las imágenes de una ciudad militarizada y vandalizada entran por los televisores, el ruido de las cacerolas se escucha por las ventanas. La memoria emotiva remite a otras épocas, muy distintas a estas, aunque ya no tan distintas, comparado a lo que estábamos acostumbrados.
Cacerolazo. El lunes a la noche, miles de vecinos salieron a la calle incluso en barrios en los que había arrasado el macrismo.
La reacción oficial, por ahora, fue mala. Al presidente Macri cada vez le cuesta más dar explicaciones por las acciones de su gobierno. La tragedia del ARA San Juan lo tuvo como actor de reparto, casi un bolo, en joggins y sin HD. Ahora, tuvo que salir a hablar porque las papas quemaban, horas después de que su jefe de bloque, el radical Mario Negri, prefiriera no defender en el recinto el proyecto. Lo hizo en una conferencia de prensa en la que no se mostró cómodo ni siquiera ante la bondad de las preguntas de medios todos afines. Dijo que “la Argentina vive un clima de paz”, cuando el centro aún olía a pólvora y gases. Dijo que su “prioridad absoluta” es “reducir la pobreza” y cuidar a “la niñez” y los jubilados, después de recortar los ingresos de los niños y los ancianos más pobres. Acusó por los incidentes a la oposición y felicitó a la Policía. Nada dijo de los ciudadanos que resultaron heridos al voleo por las fuerzas de seguridad mientras se manifestaban pacíficamente. Apenas mencionó los cacerolazos.
Ajuste, represión y no dar cuenta de los problemas reales que se palpan en la calle es una fórmula que ya fue probada en este país, con resultados catastróficos para todos. Que el Estado responda a la violencia con más violencia, soltándole la cadena a las fuerzas de seguridad, también. El conflicto se hizo tangible, a pesar del blindaje mediático, que minimiza los costos para el Gobierno pero no logra neutralizarlos. El desencanto de un amplio sector de la sociedad es real y nadie que lo sienta necesita que se lo cuenten. La violencia es real y la gente lo ve en la calle, en la tevé, en las redes. No es lo mismo llamar al Diablo que verlo llegar. Esta semana no hubo un muerto (civil, policía, qué importa) de casualidad. La responsabilidad de que no lo haya es exclusiva de las autoridades que fueron electas para eso hace dos años, y va a seguir siéndolo por dos años más. El Gobierno debería saberlo y actuar en consecuencia en lugar de agitar conspiraciones que solamente enrarecen más el clima. Es hora de que levanten la vista y vean lo que asoma en el horizonte. Todavía están a tiempo de cambiar el rumbo. Pero esa oportunidad no va a durar para siempre.
