El crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado no es nuevo. Lo nuevo es el aumento de la violencia y el rol del Estado en el asunto. No se trata de utilizar razonamientos repetidos y erróneos para explicar lo que sucede. El Estado no cedió terreno, sino que en muchos casos apañó o hizo la vista gorda a través de la corrupción para que el negocio creciera. El caso de Rosario es emblemático. Es imposible que alguien crea que una organización puede crecer de la manera que lo hizo sin tener una cobertura política, judicial y policial.
El narcotráfico entendió que existía un mercado muy grande, dio trabajo y oportunidades de crecimiento económico rápido. Una vez que el problema estalló en las narices de los funcionarios, la excusa fácil fue echarles la culpa a los carteles extranjeros, como si en el país no pasara nada. Y eso no es cierto: las conexiones locales existen. Una prueba de que el crimen organizado goza de buena salud en el país lo dio la presentación que acaba de realizar el grupo de organizaciones de la sociedad civil que integran La Otra Trama. Un espacio colectivo que, a través de un enfoque multidisciplinario, busca articular acciones en torno al problema del crimen organizado en el país. La Otra Trama está integrada por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), la fundación Avina, Contadores Forenses, la fundación Cambio Democrático, la fundación Crear Vale la Pena y la fundación La Alameda.
El informe que presentaron la semana última tenía como objetivo hacer visible la dinámica del crimen organizado en el país, por medio de la investigación, difusión, sensibilización, el fortalecimiento de capacidades y la incidencia pública.
El autor del informe de 116 páginas al que tuvo acceso Noticias Urbanas es el politólogo de la Universidad de San Andrés y especialista en temas de seguridad Martín De Simone. El equipo de trabajo estuvo integrado por Renzo Lavín como codirector; Sebastián Pilo como coordinador y colaborador en la edición y redacción, y María Victoria Gama y Lucía Laporte, quienes colaboraron en la edición y la redacción del estudio.
Los datos de la cruda realidad
El informe titulado “Crimen organizado en Argentina. Una mirada con perspectiva democrática y desde los derechos humanos” es de septiembre de 2014 y fue elaborado con base en datos de especialistas en la cuestión. Lo que realza aún más sus conclusiones. Pero lo más importante del trabajo es lo que queda claro desde su inicio: el crecimiento del crimen organizado en el país. Y, en este caso, cuando se habla de crimen organizado se hace referencia a delitos como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y la corrupción a nivel judicial y policial. Además de citar los casos emblemáticos de Santa Fe y Córdoba y ciertas experiencias del exterior.
“En los últimos tiempos, y en particular en el último año como nunca antes, el tema del crimen organizado, sus manifestaciones y sus consecuencias ha entrado de manera preponderante en la agenda pública argentina. Este importante avance de la temática en la agenda y en la opinión pública se debe a una multiplicidad de factores. Por un lado, al incremento de la violencia y de los niveles de inseguridad, en términos objetivos, en algunas zonas del país. Por otro lado, a recientes sucesos que marcan ciertas conexiones entre el poder político y las organizaciones criminales”, se explica en el prólogo del informe.
Luego se hace distinción entre dos factores preponderantes de la cuestión: la preocupación por la seguridad y la cobertura de los medios sobre el tema.
“Más allá de eso, hay dos factores más que marcan la entrada de estos temas de manera rotunda, ya no solo en la agenda pública, sino también cada vez más en la agenda de gobierno. En primer lugar, el hecho de que las campañas políticas recientes han tomado a la inseguridad como una cuestión a explotar con fines electorales, marcándose por ende diferentes posturas. Por supuesto, este empleo político de la cuestión tiene su origen en las reiteradas encuestas que muestran que durante la última década la principal preocupación ciudadana ha sido de manera permanente la inseguridad, escoltada en los últimos años por la inflación”, dice el estudio.
“En segundo lugar, y muy asociado a lo anterior, debe mencionarse a la creciente atención que los medios de comunicación le vienen otorgando a los temas de inseguridad y de crimen organizado, fundamentalmente narcotráfico. Es decir, hay una interrelación entre el empleo político electoral, el mediático y, más recientemente, el de las políticas públicas, en lo que respecta al narcotráfico. Un análisis preliminar realizado con la herramienta Google Trends muestra que las búsquedas sobre el tema narcotráfico y sobre crimen organizado han aumentado de manera exponencial en la Argentina desde mayo de 2011, siendo antes insignificantes”, se lee en el escrito.
El crecimiento del negocio narco
Uno de los temas claves del informe es el relacionado al narcotráfico y su crecimiento en la Argentina. El escrito da una serie de argumentos sobre las causas de ese aumento, en los que la política, la Justicia y la policía son parte determinantes para que eso suceda.
“El narcotráfico es el tema más resonante en la agenda de la Seguridad Ciudadana argentina del último año. El mismo se erige como la actividad más lucrativa a nivel mundial (DerGhougassian y Evans, 2013). La Organización Panamericana de la Salud calcula un movimiento de 600.000 millones de dólares; para fuentes norteamericanas se ubica en 400.000 millones anuales (Dammert, 2009). Bobea (2008), por su parte, estima que el dinero del tráfico de drogas representa el 3,1 por ciento del PBI regional, para tomar solo dos casos nacionales”, afirma el escrito.
Bajo el título “Algunos factores que permiten el avance del narcotráfico en Argentina” se detallan tres grupos específicos que fueron claves para el crecimiento del narcotráfico.
“Como todo fenómeno complejo, el narcotráfico se distingue por su multicausalidad. Los factores a mencionar pueden agruparse en tres tipos: a) estructurales, relacionados con la economía y los procesos sociales de mediano plazo; b) geopolíticos, asociados al desplazamiento y la expansión de redes criminales de otros países y a la geografía del narcotráfico en sí, y c) político-institucionales, referidos a los aspectos normativos internos de la Argentina”, detalla el estudio.
El siguiente título, “Factores estructurales”, da cuenta de que el crecimiento en el país no es reciente y que para que eso suceda se necesita de muchas personas involucradas. En este ítem se menciona a los delincuentes de “cuello blanco”.
“Por supuesto que el narcotráfico no es nuevo en la Argentina, empero, sí parece manifiesto un crecimiento en las últimas décadas de las actividades relacionadas a su desarrollo, así como tendencias antes inexistentes. En términos teóricos simplificados, puede afirmarse que cualquier organización criminal de envergadura dedicada al narcotráfico requiere al menos dos tipos distintos de actores. Por un lado, los líderes o quienes organizan al grupo, que obtienen la mayor parte de las ganancias y que incluso pueden ser en muchas ocasiones delincuentes de cuello blanco, ocasionalmente puede haber también apoyo por parte de personas que no son parte íntegra del grupo, pero colaboran en algunos procesos, como el blanqueo de dinero. Por otro lado, está la mano de obra, sujetos que se encuentran más expuestos, que en muchos casos realizan las tareas de mayor riesgo y menores ganancias y que, usualmente, son reclutados entre los sectores más jóvenes y vulnerables”.
El otro dato clave para entender el reclutamiento que hacen las bandas narcos de jóvenes se centra en la crisis económica que vivió el país y en las políticas de retiro del Estado de áreas tan importantes como la seguridad, en donde florecieron las agencias privadas.
“Durante los 90, se llevaron a cabo, junto con una descentralización administrativa, medidas de corte neoliberal, que incluyeron privatizaciones, flexibilización laboral y un rol predominantemente pasivo por parte del Estado. Como resultado, hacia el final de la década se percibía un fuerte incremento de la pobreza y la desigualdad, hecho que junto a otras circunstancias derivó en la crisis de 2001”, se señala en el informe.
El huevo de la serpiente que nadie vio
La cuestión del narcotráfico es la preponderante dentro de cualquier análisis que se hace sobre crimen organizado. En primer lugar por el dinero que mueve y en segundo por los otros asociados a él, como son el tráfico de armas, la trata de personas, el blanqueo de dinero y la corrupción de funcionarios del Estado.
Al hacer mención a los “Factores institucionales”, se enumeran las causas de ese entramado donde el Estado termina teniendo grandes responsabilidades por el aumento del negocio narco.
“Son múltiples los factores institucionales que pueden resultar incentivos para el crimen organizado, y con estos factores en particular resulta más correcto el concepto de incentivos que el de causas o determinantes. Aquí, vale la pena destacar dos de ellos. Primero, el escaso control en las fronteras, tanto en el espacio aéreo como en el terrestre y el marítimo. Esta situación colaboró primero en la consolidación de la Argentina como país de tránsito y parece fomentar en la actualidad el desarrollo de su etapa productiva. Si bien son meritorios los objetivos que el llamado ‘Operativo Escudo Norte’ se plantea –aumentar la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo en las fronteras noreste y noroeste del país, así como detener y poner a disposición de las autoridades judiciales a los potenciales criminales– el mismo aún no ha mostrado sus resultados.“
“Recientemente, el Ministerio de Seguridad de la Nación informó la existencia de al menos mil cuatrocientas pistas de aterrizaje clandestinas. En 2004, por medio del Decreto N° 1.407, se creó el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (Sinvica), con el objetivo de controlar el espacio aéreo y desarrollar radares de industria nacional, a través de la empresa Invap. No obstante, la implementación de los radares aún es limitada y el ingreso de estupefacientes por vía aérea se ha vuelto más frecuente”, se lee en el texto.
Otro tema clave pasa por el escaso control del Estado sobre los precursores químicos. “La Argentina es uno de los países de Latinoamérica que posee una industria química con alto desarrollo, y muchos de los precursores químicos que son empleados en el procesamiento de estupefacientes se encuentran disponibles, para fines lícitos, en el país. Estos precursores requieren de un mayor control que imposibilite su uso para fines ilegales. Un avance ha habido con la sanción de la Ley N° 26.045 en 2005 porque al crearse el Registro Nacional de Precursores Químicos se le impuso un mayor control a la industria. La sanción fue recientemente destacada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE, 2014). No obstante, los escasos recursos y la escasa cantidad de personal del Renpre dificultan su accionar, que en gran parte se limita a la generación de una lista de compañías dedicadas a la producción y comercialización de precursores químicos, y a la estipulación de cantidades permitidas de sustancias que cada compañía puede manipular”.
Un problema duro que se desboca
Tomando en cuenta que las cifras de incautaciones rondan el 10 por ciento del circulante total, los números de la Argentina son alarmantes. “Se pasó de poco más de tres mil kilos en 2004 a más del cuádruple (12.643 kilogramos) tan solo cinco años después”, se afirma en el informe, refiriéndose al tráfico de cocaína.
El propio Sedronar dio a conocer un informe sobre causas judiciales y centros de fabricación de drogas. “El estudio realiza un análisis de un conjunto de causas judiciales y de ellas infiere la existencia de al menos cuarenta y tres centros de procesamiento ilícito de estupefacientes: treinta (68 por ciento) vinculados a la adulteración o fraccionamiento y catorce (32 por ciento) a la fabricación ilícita. De los centros de adulteración, un 46 por ciento se halla en Buenos Aires, un 27 por ciento en Córdoba, un 13 por ciento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), un 7 por ciento en Salta y otro 7 por ciento en Tucumán. Es decir, se percibe una fuerte concentración en las grandes ciudades. Por otra parte, de los centros de fabricación un 72 por ciento se encuentra en Buenos Aires, repartiéndose el resto entre Tucumán, Jujuy, CABA y Córdoba”.
La situación es demasiado transparente para la sorpresa de nadie. Pero lo peor de los datos que se mencionan en el informe es que nada de todo esto pudo desarrollarse sin cierta participación de un sector del Estado. O como mejor se define en el escrito: “La cooptación de las instituciones estatales por parte de las organizaciones criminales se denomina como ‘captura del Estado’, e implica elevados niveles de corrupción de características sofisticadas a los fines de desviar las políticas públicas para que beneficien a las organizaciones criminales”, denuncia el informe.
Todas las fichas están sobre el paño. Y a la vista de todos. No verlas no es una opción para nadie.
