En un déjà vu alfonsinista, Cristina Fernández reflotó en su reciente viaje a Santiago del Estero la idea del traslado de la capital federal a esa provincia y dejó flotando varios interrogantes: ¿cuánta viabilidad tiene, en los papeles, ese proyecto? ¿Puede un gobierno en retirada plantear semejante iniciativa, que requiere consenso y futuro, dos activos que actualmente el Ejecutivo no tiene?
“Tal vez más al centro del país. O podría ser aquí”, deslizó Cristina Fernández desde Santiago del Estero, acompañada por la gobernadora Claudia Ledesma Abdala y en plena campaña en esa provincia. El kirchnerismo ya había impulsado una propuesta similar, cuyo portavoz fue, curiosamente, un candidato por la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez. “Es una idea. Tenemos que pensarla y estudiarla porque hay una necesidad de rediseñar al país estratégicamente”, apuntó, acompañada por Ledesma Abdala y su marido, el exgobernador y actual presidente provisional del Senado, Gerardo Zamora.
“Es una idea para la que se requiere un gran consenso y precisamente esta gente la impulsa cuando está acorralada. Impresiona como una cortina de humo, un tema distractivo. Cada día hay uno nuevo, aunque cada vez el efecto dura menos. Ahora pasamos de los buitres al traslado de la capital. Parece algo maníaco”, apunta el historiador de la UBA Marcos Novaro.
La “idea” de trasladar la capital federal ya se le había ocurrido a Raúl Alfonsín, quien durante su mandato había impulsado una iniciativa similar, que contemplaba mudar el distrito central a Viedma, en Río Negro. “Con Néstor Kirchner lo apoyamos inmediatamente”, recordó ahora Cristina en el acto de Santiago del Estero.
“La idea en abstracto es interesante, aunque lanzar una propuesta así en el contexto actual, coincido, que tiene que ver con tirar un tema distractivo. En el caso de Cristina Kirchner tuvo que ver también con su visita a Santiago en el contexto de la campaña electoral por las elecciones municipales”, apunta ahora el politólogo Gerardo Scherlis.
Sin embargo, la idea “en abstracto”, como acerca Scherlis, tiene promotores dentro del mundo académico. Uno de ellos es el politólogo Andrés Malamud, un argentino que se desempeña como investigador de la Universidad de Lisboa, Portugal.
El argumento de los defensores de la descentralización parece, a priori, poco progresista porque apunta a quitarle el poder a la calle, pero sin embargo, bien explicado, no lo es. “A veces, un grupo de 5 mil personas puede meterles presión a las autoridades federales y no están representando exactamente a las mayorías. Juntar gente para una movilización es relativamente sencillo cuando el centro político del país y el administrativo están en la misma urbe. Nosotros los llamamos grupos de interés o minorías intensas.”
Un ejemplo hipotético de “minoría intensa” podría ser una manifestación nutrida de taxistas frente a la Casa Rosada presionando por los carriles exclusivos, que le convienen a toda la sociedad. Sin embargo, si juntaran un número de envergadura llegarían a meter la presión suficiente. Los politólogos llaman a este fenómeno “distorsión de la representación”, que es cuando una minoría ruidosa decide por una mayoría silenciosa. “El traslado de la Capital evitaría eso”, apunta Scherlis.
Hablando de presiones y mientras prometía reabrir la discusión sobre el traslado de la capital, Cristina Kirchner recomendó a los medios que no se molestaran en hacer encuestas para que los argentinos den su opinión sobre la iniciativa. “Yo sé que ahora van a lanzar encuestas y van a decir que el 80 o el 90 por ciento está en contra y el 10 a favor. No se molesten, si fuera por las encuestas no hubiera hecho absolutamente nada. Los líderes naturales del país no toman decisiones con base en encuestas”, dijo y remató con un ejemplo histórico: “Si San Martín hubiera encuestado si tenía que cruzar la Cordillera de los Andes, le hubiera dado negativo”.
Trasladar la capital, un viejo debate
Entre los argumentos que el alfonsinismo manejaba en los ochenta para promover el traslado de la Capital a Viedma figuraba el desequilibro que hay entre Buenos Aires y el resto del país. Un desequilibrio que se expresa en muchos indicadores, por ejemplo, en términos electorales o en la distribución del ingreso. Que el centro económico del país resida en la capital también oficia de imán para la migración interna y el aumento de ese desbalance.
Para tener una idea de ese desequilibrio, vale la pena echar un vistazo a los números del último censo.
La provincia de Buenos Aires cuenta con un total de 15.594.428 habitantes, es decir que el 38,9 por ciento de la población del país habita en ese distrito, según el Censo 2010. Del total de bonaerenses, unas 9.910.282 personas viven en el Conurbano y un tercio de ellas trabajan en la Capital.
En paralelo, la Capital Federal es la ciudad más densamente poblada, con 14.185 habitantes por kilómetro cuadrado En ella habitan 2.891.082 personas.
Si una medida semejante lograra avanzar, si bien es cierto que requeriría un consenso político amplio, no sería necesaria una reforma constitucional. Del artículo 3 de la Carta Magna surge que: “Las autoridades que ejercen el Gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión hecha por una o más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse”.
Federalización por las armas
La federalización de la Ciudad de Buenos Aires se produjo en 1880, durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, quien puso bajo su jurisdicción el territorio de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La desvinculación política de la capital con la provincia de Buenos Aires había sido una aspiración constante de las provincias argentinas –con excepción de la de Buenos Aires, que reaccionó enérgicamente ante la medida– durante todo el proceso de formación del Estado nacional.
El enorme peso poblacional y la importancia económica de la Ciudad, dotada durante muchos años del único puerto de aguas profundas del país, hacían de ella un factor desequilibrante en las relaciones entre las provincias federadas. Aquella desigualdad se había hecho manifiesta ya desde la Revolución de Mayo. Después de la gesta patriótica, los porteños fueron renuentes a aceptar a los diputados del interior en la Primera Junta de Gobierno y la inestabilidad política se agudizó
La Constitución surgida en Santa Fe el 1 de mayo de 1853, sin embargo, estableció como capital nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Claro que la representación equitativa de las provincias en la Convención Constituyente provocó el rechazo de Buenos Aires que, con la federalización, perdía muchos de sus privilegios. Se produjo entonces la separación del Estado de Buenos Aires del resto de la Confederación. El rechazo hacia la federalización de la ciudad impidió que se cumpliera el artículo constitucional y el gobierno de la Confederación Argentina se instaló en la ciudad de Paraná, entonces capital de la provincia de Entre Ríos, que fue federalizada (Territorio Federal de Entre Ríos).
El desconocimiento de Buenos Aires de la jurisdicción de la Convención llevaría a la Provincia a separarse de hecho de la Confederación Argentina hasta 1860, cuando se reincorporó a cambio de varias modificaciones del texto constitucional.
Entre 1860 y 1880, las autoridades federales residieron en Buenos Aires, pero careciendo de autoridad administrativa inmediata sobre el territorio en que se alojaban. El conflicto se extendió hasta 1874, cuando las elecciones consagraron al candidato del interior, Nicolás Avellaneda. Los porteños se alzaron entonces encabezados por Bartolomé Mitre, que fue derrotado, mientras que el gran triunfador de la puja fue el general Julio Argentino Roca, quien consolidó su influencia ganando un poder que le valdría la llegada a la Presidencia en el siguiente turno.
Cuando, en 1880, las perspectivas de Mitre para alcanzar la Presidencia se vieron nuevamente enturbiadas por el apoyo prestado por Avellaneda a Roca, las armas parecieron nuevamente inminentes: el nuevo gobernador de la provincia era el mitrista Carlos Tejedor.
El gobierno de Avellaneda anunció la decisión de legislar la federalización de Buenos Aires, y Tejedor ordenó movilizaciones militares y la formación de milicias para adiestrar a los ciudadanos en el manejo de las armas. El Congreso sancionó una ley que prohibía a las provincias la movilización sin permiso expreso federal, pero Buenos Aires la ignoró.
Avellaneda, entonces, dispuso el retiro del gobierno federal de la Ciudad de Buenos Aires y decretó la designación del pueblo de Belgrano (entonces fuera del ejido porteño) como sede transitoria de gobierno. El Senado, la Corte y parte de la Cámara de Diputados se trasladaron allí, antes de que el Ejército nacional al mando de Roca sitiara Buenos Aires.
El enfrentamiento fue particularmente cruento y las tropas de Tejedor fueron derrotadas. Aunque Mitre había prestado apoyo a los insurrectos ofició como mediador y obtuvo la firma de un acuerdo disponiendo el desarme de la milicia provincial y la renuncia de Tejedor.
El Congreso, desde la sede provisoria de Belgrano –en el edificio del actual Museo Histórico Sarmiento–, disolvió la Legislatura porteña. El 24 de agosto de 1880, Avellaneda presentó un proyecto de ley por el cual se declaraba a Buenos Aires capital de la República y se la ponía bajo control directo federal.
El 21 de septiembre, la ley fue aprobada. Con su ratificación, la Ciudad de Buenos Aires se separó de la provincia homónima y se creó la ciudad de La Plata como capital provincial.
Alfonsín y el proyecto de trasladar la capital a Viedma
En 1986, el presidente radical Raúl Alfonsín anunció un ambicioso proyecto que incluía el traslado de la capital a Viedma, Río Negro, con el objeto de descentralizar el poder político y económico del país y, al mismo tiempo, fomentar el poblamiento de la Patagonia. Los altos costos del proyecto, la falta de apoyo y la crisis económica que sobrevino pronto dieron por tierra con los planes del líder radical.
Sin embargo, Alfonsín llegó a crear el Ente para la Construcción de la Nueva Capital-Empresa del Estado (Entecap), a través del Decreto 1.156. Su principal objetivo era organizar la parte técnica y de infraestructura para concretar el traspaso de la capital.
“Hay que ir al Sur, al frío”, decía entonces el caudillo de la UCR.
El Entecap fue disuelto luego por Carlos Menem, liquidando todos sus bienes y así se puso fin a la ambición alfonsinista de un nuevo orden federal. El impulso de aquel cambio aún está registrado en la Constitución de Río Negro, modificada en 1988. En su artículo 11, la Carta Magna provincial afirma que “Viedma es la capital de la provincia”, pero dejará de serlo “cuando se efectivice el traslado de las autoridades nacionales al nuevo distrito federal”.
Lo curioso es que la Ley sancionada en 1987 por el alfonsinismo, si bien nunca llegó a reglamentarse, jamás fue derogada.
