El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, aseguró hoy que “en los próximos días” presentará una medida cautelar para dejar sin efecto el aumento anunciado por el gobierno nacional a los jubilados que cobran la mínima, por considerar la medida “inconstitucional”.
Dejó en claro que se “abstraen” de “cualquier consideración política” respecto al objetivo solidario de la medida anunciada por el gobierno, sino que cuestionan que la iniciativa se “encuadre en la regresión del derecho del adulto mayor” ya que la “ley de movilidad jubilatoria surge de una garantía constitucional, incluida en el artículo 14 bis de la Carta Magna”.
De todas formas, dijo que esperan que “haya alguna rectificación del propio Estado, que reflexione” sobre esta merma en los derechos de los adultos mayores, como para que el planteo ante la Justicia con su consiguiente pedido de “inconstitucionalidad”, no se concrete.
“Es grotesco que haya solidaridad del jubilado que percibe un haber de 20.000 ó 30.000 pesos con el que recibe 14.000”, graficó.
A su juicio, el aumento debería abarcar a la totalidad de los jubilados del sistema ordinario, cuyos haberes llegan hasta 103.000 pesos.
“Hay una cantidad de jubilados que pierden en relación a la fórmula de 18.000 pesos, hay una merma, por lo que, muy claramente, se encuadra en la regresión del derecho del adulto mayor”, dijo el gerontólogo, que explicó que “la regresividad no es admitida desde la Constitución”.
En la presentación que se hará pidiendo la suspensión de la medida se incluirán tratados internacionales a los que Argentina adhirió, como el pacto de San José de Costa Rica y, en particular, al protocolo de El Salvador, respecto a la “intangibilidad” de los haberes de los adultos mayores, y también a fallos de la Corte Suprema, o a la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos del adulto mayor, esta última respecto a que no puede haber “regresividad” en esos derechos.