Sobre el comienzo del año, el Gobierno nacional decidió filtrar –o padeció la filtración, algo nunca descartable– una noticia que debutó como la primera bomba política que detonó en 2017: una ayuda extra por parte del Tesoro al Estado bonaerense. Nada más ni nada menos que 25 mil millones de pesos.
La incertidumbre sobre si la filtración fue intencional no viene solo por ese beneficio lógico de la duda que debe dársele a toda acción política que parece un tiro en el propio pie, como fue este el caso, sino a lo mal informado: los primeros trascendidos indicaron que aparecería un decreto inminente con el correr de los días que iba a hacer efectiva esta especie de regalo de Reyes para la gobernadora María Eugenia Vidal. Incluso, por esos días Noticias Urbanas consultó con un secretario de Estado que ratificó que el pago sería en una sola cuota y en enero.
Pero no fue así. La transferencia directa y extraordinaria decidida por el presidente Mauricio Macri se conoció a mediados de la primera semana del año, aunque según pudo constatar Noticias Urbanas con funcionarios de la Casa Rosada, la erogación fue oficializada el 27 de diciembre. De hecho, fue una de las últimas resoluciones adoptadas por el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, antes de renunciar.
Aquel día, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la gobernadora Vidal, y el propio Prat-Gay firmaron un convenio bilateral entre Nación y Provincia, que no se hizo en un acto público ni fue informado públicamente. En ese documento se acordó condonar tres transferencias como anticipo financiero que había recibido la gestión de Daniel Scioli en 2015, por un valor de 10 mil millones de pesos, y se establecía el pago de una sola vez de 15 mil millones de pesos al Gobierno provincial. La justificación dada por Cambiemos era el atraso de la cuota que recibe la Provincia por el Fondo del Conurbano.
Más allá de los detalles, la fecha sí tenía importancia, no para la opinión pública sino para los otros gobernadores. Desde el Ministerio de Interior pidieron enfáticamente aclarar que el desembolso de los 15 mil millones (y el agujero fiscal suscitado por la condonación de los otros 10 mil millones) se iba a cubrir “con fondos del Tesoro Nacional recaudados en 2016, que no tienen nada que ver con 2017”.
“Si publican que se pagó con presupuesto de 2017 trae problema con los otros gobernadores”, confesaba en discreción uno de los voceros oficiales. Es que a pocos días de haber rediscutido la nueva coparticipación derivada del flamante esquema del impuesto a las ganancias –y los gobernadores poniendo la cara para voltear el proyecto de la alianza Kicillof-Massa–, no caía grato entre los mandatarios del PJ una asistencia extraordinaria a la principal provincia. Para peor, concretada entre gallos y medianoche.
Luego de conocerse la noticia, los gobernadores Mario Das Neves (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro) expresaron sus críticas por la asistencia extraordinaria a Vidal, así como el ex gobernador santafesino Antonio Bonfatti y el jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Ángel Pichetto, un grupo al que se sumó ahora la gobernadora Alicia Kirchner (Santa Cruz).
Pero también al interior de la provincia de Buenos Aires surgieron críticas opositoras. No ya por la ayuda recibida sino, cómo no, reclamando coparticipar el reparto: los jefes de los bloques massista y del GEN en la Cámara baja bonaerense, Jorge Sarghini y Marcelo Díaz, reclamaron en un comunicado conjunto “discutir en qué y cómo se van a gastar los nuevos fondos”.
“Es imprescindible saber si la Provincia cuenta con 25 mil millones más o si solo estamos ante un anuncio marketinero de poca consistencia, de un hecho viejo con ropas nuevas; si esta suma forma parte del aporte del Tesoro que ya estaba previsto en el Presupuesto 2017, no existiría reparación efectiva alguna sino que estaríamos frente al aporte de una suma que ya ha sido prevista”, expresaron los diputados Sarghini y Díaz.
La gobernadora tuvo que salir al cruce de las críticas y señaló que la transferencia de 15 mil millones de pesos “no afecta un peso de los fondos que les corresponden” al resto de las provincias y pidió recordar que Buenos Aires “sufre una desigualdad desde hace muchísimos años, recibiendo la mitad de lo que aporta” en materia de coparticipación federal. “Los fondos son para cubrir salarios y aguinaldos de diciembre de 2016 que tanto la Provincia como los municipios de la Provincia, de todos los colores políticos, requieren para afrontar aumentos salariales que no se podían pagar”, aseguró, en un intento de cubrirse de los cascotazos de sus pares gobernadores.
En algo tiene razón Vidal y en algo fallan los gobernadores. La mujer más poderosa de Cambiemos sabe que el argumento del desfinanciamiento de la Provincia es casi irrebatible. De hecho, según los cálculos que esgrime Interior, Buenos Aires, a partir de 2017, pasará a ser el distrito que menos recibe proporcionalmente por el Fondo del Conurbano: para este año, según el presupuesto aprobado por el Congreso, percibirá el 1,2 por ciento del total (650 millones de pesos), por debajo, por primera vez, de Tierra del Fuego, que recibirá 1,5 por ciento del total de ese Fondo (poco menos de 700 millones).
El Fondo del Conurbano se volvió muy poco favorable a Buenos Aires debido a la desactualización que genera la inflación, ya que, en 1996, el entonces presidente Carlos Menem decidió ponerle a esa erogación un techo fijo –en medio de su disputa interna con Eduardo Duhalde–. Así fue cómo el distrito más grande del país recibe 650 millones de pesos, sea cual sea la recaudación (cuatro veces menos per cápita que el resto de las provincias). El excedente de recursos sobre dicho tope se reparte entre las demás provincias, según los coeficientes de distribución secundaria de la Ley de Coparticipación.
En lo que fallan los gobernadores es en su obcecación en evitar una solución para la provincia mayor, porque no solo incentivan a que el Presidente decida ayudas extraordinarias para salvaguardar a su principal aliada –con la justicia que le regalan los números– de las que ellos (a través de sus legisladores) no deciden, sino que, encima, les puede salir el tiro por la culata el día que la Corte Suprema falle sobre este caso –Vidal presentó en agosto ante el máximo tribunal la demanda–. El nuevo esquema que podría ordenar la Corte tal vez perjudicaría más al resto de los gobernadores, a diferencia de una resolución consensuada que redistribuya el Fondo en forma más equitativa.
Mientras reine la negación a resolverlo, este tema continuará retornando a empantanar las relaciones entre la Nación y las provincias como uno más de esos viejos karmas políticos de la Argentina.