El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el presidente Javier Milei, entre las muchas medidas que propone, deroga la Ley de Alquileres sancionada en 2020, lo que implica una profunda desregulación del mercado inmobiliario en materia de locaciones habitacionales en Argentina.
Esta medida generó intensas críticas por parte de los organismos que nuclean a los inquilinos, por considerar que genera una mayor inestabilidad en el sector. El DNU elimina las restricciones a la duración de los contratos, que ahora podrán ser de cualquier plazo y al índice de actualización de los alquileres, que ahora será libre. Esto significa que las partes podrán acordar libremente el plazo del contrato y la forma en que se actualizará el alquiler, ya sea en pesos, dólares, euros u otra divisa.
Al respecto, Fernando Muñoz, de Inquilinos Agrupados y autor del libro La desigualdad bajo techo. Más de cien años de alquiler, consideró que “la letra chica del decreto es mucho más que una derogación, en realidad es una reforma también del Código Civil, se puede decir que es la nueva norma que quiere imponer el Gobierno de Milei”.
“Es la más regresiva en la historia, es pre Yrigoyen, es pre momento de ausencia de contratos”, destacó Muñoz y explicó que “Yrigoyen fue el primer presidente bajo cuyo mandato, el Poder Legislativo trató un contrato de alquiler o sea que el alquiler se debía hacer por contrato, debido al hacinamiento y al abuso que había en el cobro en los conventillos y en los alquileres de piezas”.
Asimismo, señala que, desde 1920 en adelante, siempre hubo en Argentina alguna forma regulación de alquiler “sea con Gobiernos civiles o con dictadura”, y afirma que “en el caso de las dictaduras, inclusive, siempre hubo un techo para el aumento del alquiler que no podía superar nunca el 25% de los ingresos”.
Las modificaciones actuales, según Muñoz, son una regresión al Siglo XIX y detalla que “nunca ocurrió en la Argentina que las relaciones de alquiler no tuvieran plazo”.
“El decreto, lo que dice claramente, es que el plazo lo va a determinar el locador y puede llegar a ser de un mes. Porque lo que dice en realidad el decreto es que en caso de que no esté determinado en el contrato, el mínimo tiene que ser de dos años para vivienda y de tres años para comercio”, asegura.
“Además autoriza que se pueda hacer por el plazo mínimo que es de un mes y de la misma manera autoriza a que el ajuste también se puede realizar de forma mensual y que el índice sea un índice privado, no sea un índice público”, aclara sobre el DNU y explica que “esto es, que el tipo de porcentaje de aumento mensual, lo fije directamente el rentista”.
En esa línea, critica que “al inquilino le ha quitado este decreto absolutamente todos los derechos, hasta el piso más bajo, hasta el mínimo derecho, el depósito de alquiler que actualmente nosotros por ley no debemos pagar más del primer mes de alquiler, lo libera también”.
Nuevas pautas
“Ahora se pueden pedir varios meses de depósito y no necesariamente se tiene que actualizar la devolución de ese depósito”, señala el referente y analiza que “es realmente aberrante el decreto en términos de desprotección para el acceso a la vivienda alquilada, van a ser contratos de desalojo en sí mismo, porque va a ser muy difícil que un trabajador pueda garantizar con sus ingresos que, además, van a estar cada vez más caídos por efecto de la hiperinflación”.
También, desliza que “no hay ningún aspecto que sea positivo para el inquilino”, y subraya que “aquel que quiere alquilar por un mes, lo puede hacer, aquel que quiere cobrar en dólares, lo puede hacer, aquel que determine que el depósito tiene que ser de más de tres o cuatro meses, lo puede hacer”.
“Esto va a ser contraproducente para el que alquila, independientemente de quién lo haya votado”, destacó sobre la perspectiva de la organización y aseveró que no están “enojados con el que votó a Milei, el que es inquilino seguro acumuló una gran frustración de ver cómo el Poder Ejecutivo incumplía lo que votaba el Legislativo”.
En ese marco, finaliza: “Entendemos perfectamente el enojo, la bronca del votante de Milei, pero esta política va a afectar a más del 25% de la población del país que accede a la vivienda a través de alquiler, pagando una renta. Los más jóvenes van a tener que volver a la casa de los viejos, pero también hay otra realidad que es el hacinamiento. Habrá familias que terminarán viviendo juntas en una vivienda chica”.
Sin dudas, la problemática de la vivienda será una de las primeras que mostrará la profundidad del DNU y su real alcance. Los inquilinos, afirmaron, no tienen tiempo para ver la luz al final del túnel y la paciencia dependerá de todos los factores económicos que, al menos por el momento, son muy dañinos en esta coyuntura.