El Gobierno comenzó a redefinir su política agropecuaria intentando no mellar su relación con las organizaciones que nuclean a los productores, pero conservando un ojo en la mejora de los procesos con valor agregado (léase industrialización de las “commodities”) para alentar a la conversión de las materias primas en manufacturas.
El proyecto de políticas agrarias incluye que a mayor agregación de valor, habrá menores alícuotas. En cambio, el auxilio fiscal se concentrará en la agricultura familiar y en las producciones de baja escala.
En su reunión con la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), el presidente Alberto Fernández y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, argumentaron la suba de las retenciones en base a las urgencias fiscales.
Como resultado –la reunión transcurrió en tono amable, no exento de rispidez-, de ahora en más se producirá una “guerra fría”, sin combates inmediatos, aunque con un horizonte de hostilidad. La clave es la alícuota futura que se adicionará a los porotos de soja, el trigo y el maíz y, en especial, cómo incidirá la segmentación que alivie la carga a los pequeños productores, que son los más proclives a salir a las rutas.
Los temas restantes aluden a la moratoria de las deudas y la asistencia financiera de la banca estatal. De todos modos, éstas son negociaciones que se extenderán a lo largo del tiempo y serán constantes, habida cuenta de la volatilidad del mercado interno y de la preeminencia de los grandes acopiadores, que suelen someter a los productores más pequeños a leoninas condiciones cuando se disponen a negociar los precios de los granos.
Los representantes de los productores –Daniel Pelegrina (SRA), Jorge Chemes (CRA), Carlos Achetoni (FAA) y Carlos Iannizzotto (Coninagro)- fueron recibidos por Fernández, Basterra y por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con quienes se discutió bajar el tono de la confrontación a cambio de comunicarles previamente cualquier fluctuación futura en el esquema de retenciones.
Como la ley aprobada por el Congreso el 19 de diciembre último faculta al Gobierno a subir las alícuotas hasta el 33 por ciento a la soja y al 15 por ciento al trigo y al maíz en caso de ser necesario, habrá de ahora en más una situación de una tensa distensión, una inestabilidad permanente. Es que el Gobierno derogó el tope de cuatro pesos por dólar que había impuesto Macri, en atención a la devaluación del peso, que cayó casi hasta la mitad del valor de la moneda norteamericana en el último año. Así, del 27,5 por ciento de la alícuota para soja se pasó a un 30 por ciento. Por su parte, el maíz, la cebada, el trigo, el sorgo y el girasol alcanzaron el 12 por ciento y los productos regionales y las exportaciones industriales se elevaron hasta el cinco por ciento. Las carnes, las hortalizas, la madera, las manufacturas, el algodón y los lácteos llegaron al nueve por ciento, siempre con la promesa –aún no concretada- de segmentar las retenciones para los productores más pequeños.
Un signo de la momentánea distensión reinante fue el hecho de que se haya convocado a una conferencia de prensa conjunta, en la que el ministro Basterra y los gremialistas agrarios expusieron la situación. El otro signo fue el tono contemporizador de sus protagonistas.
Basterra aceptó que “progresivamente hay que bajar las retenciones”, aunque justificó que “está la responsabilidad para contar con un equilibrio fiscal. Es complejo, los macroeconomistas dicen que deberían estar en el 35 por ciento, próximamente habrá una respuesta”, agregó el funcionario.
También manifestó que para modificar las retenciones, antes “lo vamos a conversar con las entidades para que tengan dimensión y puedan opinar al respecto”, a la vez que se mostró proclive a que “quienes son agricultores familiares tengan tratamiento diferencial, para ello hay varias formas posibles y estamos dispuestos a recibir propuestas, lo mismo para aquellas regiones que están lejos de los puertos”. También se mostró contrario a fijar un mínimo no imponible, como plantearon los representantes del agro.
Por su parte, Pelegrina destacó que “pudimos hablar de poner en marcha una mesa de diálogo y ahí vamos a ver concretamente soluciones, que no van a ser inmediatas, a pesar de que los productores están ansiosos. Me voy con una sensación de que podemos entrar en una nueva etapa”, reflexionó.
Historias del pasado
La relación del peronismo con las patronales agrarias pasó, a lo largo de la historia, por estadíos diferentes, aunque siempre llenos de tensión.
En el primer gobierno de Perón, éste impulsó el mercado interno y la sustitución de importaciones, financiándolas con los excedentes producidos por el comercio de granos y carnes, lo que generó la oposición de las entidades agrarias. Pero en su segundo mandato, el General Perón anunció en 1950 la “Vuelta al campo” y hubo una época en que mejoró la relación.
Después, varios gobiernos establecieron retenciones por fuera del peronismo. Adalbert Krieger Vasena, ministro del dictador Juan Carlos Onganía, las impuso sin que el agro se sintiera particularmente agredido, lo que desnudó la doble vara de las entidades agrarias, que a veces se opuso a los impuestos solamente por las diferencias ideológicas que sostiene con el peronismo.
La situación sigue tensa por estos días y de la racionalidad con que se maneje dependerá del futuro de la relación entre el mundo agrario y la gestión de Alberto Fernández.
El tema que le quita el sueño al Gobierno peronista es que los precios de los productos exportables (las commodities) se manejan por fuera de la economía argentina, ya que obedecen a factores internacionales. Las retenciones regulan de por sí esos precios, ya que vender en el mercado interno con costos argentinos es una premisa irrenunciable. Por eso, es necesario que los productores exporten los excedentes, porque si le quitan un cupo al mercado interno para destinarlo a la exportación, provoca que el precio interno aumenta irremediablemente. Eso fue lo que ocurrió en los últimos cuatro años y eso es lo que espera regular el Gobierno.
Si no hay acuerdos en este punto, la solución está lejos. Nadie lo dice, pero la tensión es sólo una cuestión de $$$$$.
