El embajador de Rusia en Argentina, Dmitry Feoktistov, emitió un comunicado alertando sobre un trato diferencial del régimen ultranacionalista ucraniano a otras etnias. A continuación el texto completo:
En Argentina, la diáspora de rusoparlantes cuenta con casi 300 mil personas. Tanto los inmigrantes del Imperio ruso y la Unión Soviética y sus descendientes, así como los inmigrantes que se han mudado acá en las últimas décadas han encontrado un nuevo hogar en esta tierra hospitalaria. Y, a pesar de que vinieron de lejos, aquí sus derechos fueron siempre respetados, incluso el derecho de usar su lengua materna. En suma, a ellos no les consideran como personas de “segunda clase”.
Hoy en día Buenos Aires condena la “invasión” rusa de Ucrania y apoya cada vez más las resoluciones antirrusas en foros internacionales, incluida la ONU. Al mismo tiempo, se olvida que la cruel opresión de la población rusoparlante por parte del régimen de Kiev fue una de las principales razones que llevaron a la crisis en las relaciones entre Rusia y Ucrania. Creo que para Argentina como un país que valora sus estándares y libertades en la esfera de derechos humanos, es importante saber cómo están las cosas con respecto a los derechos lingüísticos de la población de Ucrania. Estoy seguro de que una visión objetiva de la situación ayudará a comprender más los orígenes del conflicto y sacar las conclusiones correctas.
Después del colapso de la URSS y la proclamación de la independencia de Ucrania en 1991, pasaron a este país los territorios con la población para la cual el idioma ruso era materno. Al principio, la legislación ucraniana garantizaba el libre desarrollo, uso y protección de este idioma. Sin embargo, el violento golpe de estado en Kiev, que sucedió en 2014, cambió drásticamente la situación. El régimen de ultranacionalistas que llegó al poder trazó el rumbo hacia la ucranización forzada de todas las esferas de la vida y la asimilación de los pueblos que vivían en el territorio del país. Durante su implementación, diferentes comunidades nacionales y etnolingüísticas se enfrentaron a un trato diferencial.
Kiev otorgó una posición privilegiada a ciertas diásporas, en primer lugar, a los tártaros de Crimea, a los Krymchaks y los Karaítas, que no rebasan un 0,1% de la población. Fue en su favor que en julio de 2021 se aprobó la ley “Sobre los pueblos indígenas de Ucrania”, que consagró sus derechos de estudiar en su lengua materna, fundar sus propias instituciones educativas y medios de comunicación, así como garantizó la protección contra su asimilación. Al mismo tiempo, los rusos que representan una de las naciones constituyentes de Ucrania, no recibieron el estatus correspondiente en la ley. Mientras tanto, según el último censo de población, en Ucrania viven aproximadamente 8,3 millones de rusos, es decir, más del 17% de la población, y un número aún mayor de personas considera el ruso su lengua materna.
A pesar de estos datos, el régimen de Kiev sigue una línea coherente para prohibir legalmente el desarrollo de otras lenguas. En particular, se impusieron restricciones al uso del idioma ruso en televisión, en prensa, en teatro, en cine y en la celebración de eventos culturales masivos. El idioma ruso lo comenzaron a retirar activamente del sistema educativo. Esta discriminación se manifestó en una serie de las leyes aprobadas en 2017-2019. Como resultado, las escuelas de rusoparlantes dejaron de existir, y desde septiembre de 2022, el proceso de educación de literatura y lengua rusas se eliminó por completo del programa escolar (incluso como extranjero y opcional). Por lo tanto, los niños rusoparlantes se vieron privados de la oportunidad de recibir educación en su lengua materna.
Los rutenos en la región de Transcarpacia tampoco lo tienen fácil. Son un grupo étnico eslavo oriental con su idioma e identidad. Sus representantes hay también en Eslovaquia, Polonia, Hungría, República Checa y Serbia, donde se los reconoce como una minoría nacional. Mientras tanto, se aplica en Ucrania el Plan estatal para la resolución de la cuestión de rutenos ucranianos, cuyo fin principal es la asimilación de este pueblo. De hecho, se trata de la prohibición de identificación de rutenos como un pueblo con carácter propio, así como la lucha contra su idioma y cultura.
La situación es algo diferente con los húngaros, rumanos y búlgaros que viven en Ucrania. Aunque también están limitados en el uso de su idioma (se prevé la transición a la educación en ucraniano a partir de septiembre de 2023), pero en la escuela secundaria tienen posibilidad de aprender sus idiomas maternos como extranjeros.
Sin embargo, las “preferencias” individuales no modifican la línea general de las autoridades en el ámbito lingüístico. Por incumplimiento de las normas de la ley “Sobre la garantía del funcionamiento de la lengua ucraniana como estatal” planean introducir represiones. A partir de 2024, por “humillar o insultar públicamente el idioma ucraniano”, los ciudadanos podrán ser multados, detenidos por un periodo de hasta seis meses o condenados a penas de prisión de hasta tres años. La propia formulación de esta infracción es tan imprecisa que se puede ser aplicada en casi cualquier situación cuando alguien decide hablar en un idioma materno que no es ucraniano.
Durante muchos años, Rusia ha señalado a la atención de sus socios extranjeros las escandalosas violaciones de los derechos lingüísticos de la población de Ucrania. De hecho, las autoridades de Kiev están tratando de destruir cualquier otra identidad en el país, excepto la ucraniana. Es hora de que la comunidad mundial deje de hacer la vista gorda ante estas acciones y las responsabilice a las autoridades de Kiev. El сumplimiento de las normas de derechos humanos, incluyendo en la esfera del uso del idioma materno, no debe ser selectivo, sino universal. Esperamos que en Argentina tengan la misma opinión al respecto.
