La cuestión genera preocupación con solo nombrarla. Y si a eso se suma que no existe un marco regulatorio, la inquietud aumenta mucho más. Sobre todo, si se tiene en cuenta que al hablar de drones se está hablando de aparatos utilizados en la mayoría de los casos para tareas de espionaje, filmación y hasta para disparar contra objetivos militares, como suelen utilizarlos las fuerzas armadas de los Estados Unidos en Afganistán. En el caso local, los datos no son menos preocupantes porque se podrían usar para filmar a grandes alturas, hacer seguimiento de personas y hasta involucrarse en manifestaciones políticas y sociales contra el gobierno de turno para identificar opositores. Si a eso se le agrega la posibilidad de que utilicen armas, dardos o gases paralizantes, este tipo de tecnología, sin regulación alguna, en manos de las fuerzas de seguridad tanto porteñas como nacionales, o de empresas de seguridad inescrupulosas, terminarían violando todos los derechos a la intimidad de las personas.
En la Ciudad de Buenos Aires la alarma se encendió cuando se dijo que la Policía Metropolitana (PM) estaba experimentando con esta tecnología. Un vocero de la fuerza le dijo a Noticias Urbanas que solo se trataba de pruebas que realizaban ciertos oficiales fuera de su horario laboral, pero que no tenían nada que ver con sus planes.
Ante esta inquietud, el miércoles 28 de mayo los legisladores Jorge Taiana (FpV), Alejandro Bodart (MST), Gabriela González Gass (PSA), Pablo Ferreyra (IP), Edgardo Form (NE), Marcelo Ramal (FIT), Susana Rinaldi (FPP), Gustavo Vera y Pablo Bergel (Bien Común) presentaron un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad para saber “si es cierto que la Policía Metropolitana está produciendo drones para video-vigilancia y tiene voluntad de comenzar a utilizarlos en las próximas semanas”. Los diputados porteños adelantaron que la fabricación de drones es algo que “el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, nunca explicitó”, ya que, según una información que data de 2012, la PM confeccionó un dron tipo hexacóptero, el cual se llamaría “Metrocóptero”, como parte del desarrollo del área de servicios técnicos, que comanda Eduardo Martino. Por su parte, en 2013, la Metropolitana aclaró que el Metrocóptero fue desarrollado para “actuar en casos de derrumbes, zonas inundadas o emergencias viales”. Consultado por NU, el sociólogo de la Red Latinoamericana de Estudios de Vigilancia, Tecnología y Sociedad y miembro del Equipo Verde, Andrés Pérez Esquivel, que investigó el tema y participó de una charla con especialistas que se realizó el miércoles de la semana última en la Legislatura porteña, aseguró que “los drones pueden ser muy útiles para muchas tareas civiles, pero si no están reguladas las potencialidades se pueden convertir en problemas”. Afirmó que “en el caso de su aplicación a las tareas policiales o de bomberos es importante tener en cuenta que ninguna tecnología es una solución mágica, son un complemento que debería tener una aplicación clara en casos de emergencias y no para manifestaciones. El problema es que su uso involucra asuntos de defensa nacional, seguridad aérea, orden público, protección de datos, privacidad y de responsabilidad de terceros”.
A pesar de la importancia y delicadeza del tema, no hubo una respuesta oficial y por eso, el jueves 12 de junio, el legislador Bergel presentó un proyecto de ley titulado “Regulación del uso de aeronaves dron con sistema de tripulación remota por parte del Poder Ejecutivo”. En el texto se exige que “su utilización debe ser autorizada por un juez, y limitarse al vuelo con carga de videocámaras para la captura de imágenes que colaboren con el trabajo sobre zonas con situación de emergencia real, producto de incidentes mayores que pongan en riesgo la integridad física de las personas y los bienes”. Su proyecto, además, limita el uso de los dispositivos prohibiendo tres casos: la utilización de drones que contengan carga de cualquier tipo de armas u objetos pasibles de causar daño a las personas y las cosas; la realización de operaciones de vuelo sobre grupos de población concentrados, y la utilización de aeronaves dron con sistema aéreo no tripulado (Unmanned Aerial System – UAS).
La iniciativa de Bergel fue acompañada por los legisladores Vera, González Gass, Bodart y Ferreyra, quienes fundamentaron el proyecto en que “esta nueva tecnología podría utilizarse para realizar espionaje, incurrir en violación de intimidad y, también, para usos represivos, porque con pocas adaptaciones estos aparatos podrían transportar también armamento o sustancias químicas letales o incapacitantes, desde gases lacrimógenos hasta dardos eléctricos”. Bergel, que le manifestó a Noticias Urbanas su preocupación por el eventual mal uso de los drones (ver recuadro en pág. 10), también exigió que la Metropolitana no los use hasta que no haya un marco regulatorio nacional. Ante estas quejas, desde la PM se informó que no pondrá en funcionamiento ninguno de estos aparatos “hasta que exista una regulación para la materia”.
Este medio también consultó al licenciado en Filosofía e ingeniero industrial Alejandro Fabri, que es asociado de la firma Genmap, empresa de infraestructura geoespacial que hace la fotogrametría 3D de la Ciudad. Esta compañía utiliza drones para su trabajo y, por eso, Fabri es un especialista en el tema. “El dron se puede utilizar para imagen y video aéreo, fotografía, vigilancia y monitoreo de fábricas o countries, para emergencias, búsquedas, rescates, desastres hídricos, mapeo de terrenos, agricultura de precisión y cartografía parcelaria urbana. Y como en el país no hay legislación, eso invita al vale todo, donde entran personas sin experiencia que desconocen el tema aeronáutico. Por eso es necesaria una legislación. Ya que para que los drones vuelen seguros se necesita un marco regulatorio aeronáutico. Pero la otra cuestión que necesita ser legislada es la que tiene que ver con las libertades de los ciudadanos. Para que la policía mande un dron a determinado lugar debe contar con la autorización de un juez, como en cualquier otro procedimiento”, explicó Fabri.
“Lo que se teme, y con razón, es que las fuerzas policiales tanto de la Ciudad como de la Nación utilicen los drones para hacer espionaje interno sin ningún tipo de control, ya que fueron creados principalmente para eso. Y con esta nueva tecnología lo harían con una precisión nunca vista. Por eso el problema es muy grave y exige un rápido pronunciamiento de los funcionarios de gobierno”, le señaló a NU un especialista en temas de seguridad al ser consultado sobre los usos que les darían las fuerzas policiales. Ante la gravedad de la cuestión, la respuesta la tienen que dar los gobernantes, tanto de la Ciudad como de la Nación.