El 9 de febrero de 2012, el ex juez español Baltasar Garzón recibió una condena firme por prevaricato y escuchas telefónicas ilegales de sus procesados que violaron el derecho a defensa en juicio. La pena fue de 11 años de inhabilitación para ejercer el cargo de magistrado en ese país y la “incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales”.
La sentencia no pareció preocuparle a la presidente Cristina Kirchner quien, pese a ello, a fines de ese año lo designó “coordinador en asesoramiento internacional en derechos humanos”.
Mediante el decreto 2319/2012, la mandataria le dio un rango de subsecretario de Estado con un ingreso de 72.000 pesos. No obstante, Garzón aseguró al diario La Nación que su sueldo es de 47.800 pesos. Depende del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, dentro del Ministerio de Justicia.
También Cristina Kirchner lo nombró con otro decreto presidente ad honórem del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh), con acuerdo de la Unesco, en representación de la cartera de Justicia. Voceros de ese ministerio que conduce Julio Alak destacaron “el enorme aporte a la justicia universal realizado por el juez español”.
El ex juez, que ganó protagonismo en la Argentina cuando procesó en España al ex dictador chileno Augusto Pinochet y a los represores argentinos Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo, le dijo al matutino que sigue siendo juez y que “cuando concluya la condena, me puedo reincorporar de forma inmediata”. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo español también fijó la “pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores”.
El constitucionalista Daniel Sabsay advirtió que con la designación de Garzón “hay una violación flagrante del requisito básico de idoneidad que ordena la Constitución en su artículo 16 para acceder y ejercer cualquier cargo público”.
