La decisión del juez porteño Osvaldo Otheguy de “hacer lugar parcialmente a la medida cautelar” solicitada por la legisladora Gabriela Cerruti en una acción de amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, para proteger la libertad de expresión generó la reacción crítica desde el Consejo de la Magistratura de la Nación del consejero por el estamento de los abogados y vinculado al PRO, Alejandro Fargosi.
En su rol de Presidente de la Academia Argentina de las Comunicaciones y ex-Director del Posgrado de la UBA en Derecho de las Comunicaciones, Fargosi, afirmó que “no es comprensible la decisión de la Justicia porteña de suspender el DNU de Macri referido a la libertad de prensa”.
“La Constitución es clarísima en prohibir al gobierno federal arrogarse jurisdicción para regular la libertad de prensa y de expresión”, señaló Fargosi y consideró que “no se entiende cómo una decisión judicial puede cuestionar la letra explícita de la Constitución, sobre todo cuando el DNU del Jefe de Gobierno se apega a los principios básicos de la libertad de prensa, de expresión y de información”.
Para el consejero de la Magistratura de la Nación “es entendible que el kirchnerismo y sus aliados se opongan al proyecto de Macri, pero que lo disponga un juez es inconcebible y sólo puede entenderse como un acto político o como un total desconocimiento de una materia tan compleja como es el derecho de las comunicaciones”.
La decisión judicial criticada por Fargosi “ordena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstenga de inmediato de aplicar los artículo 14, 1er. Párrafo y 16 2do. Párrafo del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/2013 en lo referido a la imposibilidad del establecimiento de impuestos a la producción o importación de papel para medios gráficos, de enseres, equipos, insumos y aparatos necesarios para la difusión de expresiones, información, opiniones o ideas por cualquier soporte o modalidad, y a la limitación de la ejecución judicial de deudas tributarias de los periodistas y de los medios de comunicación a los activos que no resulten directa o indirectamente imprescindibles para el ejercicio de su actividad”.
