El pedido es un claro reflejo de la situación política que se vive entre el oficialismo y cierto sector de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto de resolución fue presentado por la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, que pidió investigar al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.
El Gobierno nacional salió ayer sábado a despegarse del pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz. Desde Casa Rosada dicen que fue a “título individual” de la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, y negaron que sea “en represalia” por aceptar el per saltum.
El director para las Américas de Human Rigts Watch, José Miguel Vivanco afirmó que “a uno puede gustarle o no el razonamiento (o resultado) de las decisiones de Rosenkratz, presidente de la Corte Suprema, sobre el ‘2×1’ para condenados de la dictadura, pero la petición de destituirlo por ello no tiene fundamento y, por lo tanto, atenta contra la independencia judicial”.
Para aprobar el juicio político, el Frente de Todos necesitaría dos tercios de los votos en el Senado, números que por el momento no tiene.
El pedido de juicio político contra Rosenkrantz fue realizado el 25 de septiembre, cuatro días antes de que la Corte Suprema decidiera por unanimidad habilitar el per saltum solicitado por los tres jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli que buscaban no ser removidos de sus cargos.
“Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas”, expresó la diputada nacional en Twitter.
Según manifestó Siley, “el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Rosenkrantz, ha frustrado gravemente ‘el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución’ al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente”.
En esa línea, agregó: “Es responsable de cajonear la causa “Blaquier” para evitar que la Corte confirme el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier por delitos de lesa humanidad. Tiene esa causa en su vocalía desde que asumió. Mientras sus familiares integran la misma fundación que los Blaquier”.
“La reciente convocatoria a la comisión Interpoderes, a la que se negó desde que es Presidente (incluso ante siete pedidos de los organismos de DDHH), es una victoria de la democracia y de nuestras Madres y Abuelas. No de la impunidad de los responsables del Terrorismo de Estado”, manifestó.
