En el alegato final con pedido de 12 años de condena en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, el fiscal Diego Luciani también cuestionó con dureza al presidente Alberto Fernández. Dijo que, cuando atestiguó, ejerció “una injerencia indebida de un poder del Estado en otro”, en un avance sobre el poder judicial.
El fiscal Diego Luciani cuestionó con dureza al presidente Alberto Fernández. Dijo que, cuando atestiguó, ejerció “una injerencia indebida de un poder del Estado en otro”, en un avance sobre el poder judicial.
Luciani analizó que en su declaración en el juicio el Presidente “para defender puerilmente a su compañera de fórmula intentó correr el foco de la cuestión y evitó hablar de la gravedad de los hechos”.
“Una de las formas por las cuales los funcionarios de la administración pública han intentado eludir el correspondiente control del Poder Judicial es sostener que la política pública en materia de contrataciones no es revisable por la Justicia”, detalló el fiscal, en un intento de parafrasear lo que dijera el Presidente al hablar en el juicio como testigo.
Según la visión de Luciani, “esa es una manera de intentar que ningún poder del Estado puede inmiscuirse en este tipo de decisiones. La verdad que es difícil estar de acuerdo con esta afirmación”.
E inmediatamente apuntó contra el Alberto Fernández: “Cuando esas expresiones proceden del propio Presidente de la Nación, como sucedió en este debate, deben interpretarse como una injerencia indebida de un poder del Estado en otro. Es el momento para decirlo”.
Y agregó: “Fíjense que hasta admitió que la cartelización de la obra pública es un problema histórico en la Argentina, pero hizo una interpretación que -a nuestro modo de ver- es inusitada, porque sostuvo que tiene al Estado como víctima y no como promotor de la corrupción”.
El fiscal dijo que Fernández había reiterado que “la cartelización no es culpa del Estado, sino que este es víctima”. “¿Saben qué, señores jueces? Tiene razón. El Estado como comunidad política y social es la víctima de estos delitos. Pero cuidado, no hay que confundir el Estado con las personas que ocasionalmente conducen o administran”, siguió Luciani.
Además expresó que “son, justamente, esos funcionarios, los que deben velar por el respecto irrestricto de los principios de contratación con el Estado. Y con el fin de evitar, justamente, la cartelización. No pregonarla y mucho menos analizarla”, avanzó Luciani.
Y prosiguió: “En el caso analizado fueron los máximos responsables políticos del país quienes la han organizado, burlándose de la confianza social de la que eran depositarios, y del poder ínsito en las funciones y prerrogativas propias de los cargos con los que fueron investidos”.
Además, recordó que actualmente la Oficina Anticorrupción (OA) dejó de ser querellante en diferentes causas, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF), resolvió no acusar en la causa Vialidad. “La corrupción dejó de ser un tema de agenda política, se optó por eludirla y no hablar de las consecuencias”, afirmó.
Por último, consideró que los funcionarios actuales del Gobierno se atrevieron a descalificar las investigaciones de los hechos relativos a la obra pública en Santa Cruz. “Demuestra un intento para silenciar la imperiosa necesidad de juzgar estos hechos y de que la verdad salga a la luz”, concluyó.