“No fue magia, fue corrupción”, afirmó el fiscal Germán Moldes al apelar el fallo que sobreseyó a algunos imputados de menor jerarquía en la causa en la que la expresidenta y senadora electa Cristina Kirchner está procesada, a punto de ser elevada a juicio por direccionar obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, según publicó La Nación.
“Los números impresionan y se hace difícil para el ciudadano común comprender la cuantificación del robo”, dijo Moldes, titular de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Detalló que los contratos que recibió Báez suman 46.230 millones de pesos.
“Estamos hablando de cuantiosas y descomunales sumas de dinero público que por arte del tejemaneje y escamoteo, entre coimas y tajadas, se evaporaron de las arcas del Estado para ir a llenar los bolsillos de una pandilla de malandrines y deshonestos”, lanzó el fiscal en un escrito.
“Los números impresionan y se hace difícil para el ciudadano común comprender la cuantificación del robo”, aseveró.
El titular de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal insistió en que entre 2003 y 2015 funcionó “una asociación ilícita que atravesó los distintos estamentos del Estado nacional, desde la Presidencia de la Nación a la Dirección de Vialidad, incluyendo a los titulares del Ministerio de Planificación (De Vido), de la Secretaría de Obras Públicas (López) y de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal”, según publicó La Nación.
Entendió que se trata de un “consorcio criminal” que se formó con la idea de cometer delitos para apropiarse de los fondos destinados a construir rutas en Santa Cruz. “Báez aportó sus empresas a la maniobra”, dijo.
“La asociación delictiva estaba integrada por empresarios y funcionarios que defraudaron al Estado”, insistió Moldes, quien según sus allegados no está en carrera para ocupar la Procuración General de la Nación, vacante desde el lunes por la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
El monto actualizado de los contratos por las 52 obras otorgadas a Báez asciende a 46.230 millones de pesos, estimó el juez Julián Ercolini cuando procesó a los acusados.
“Yo propongo un ejercicio: tomar impulso, armarse de coraje para estimar mentalmente siquiera de manera aproximada esa cifra y, conociendo la habitual modalidad operativa de la banda, la suma total del perjuicio concreto que, en los recursos del Tesoro, habrá provocado la extensa componenda de enjuagues y chanchullos. Asusta, ¿verdad?”, preguntó Moldes.
El fiscal recordó que hace pocos días, en la causa que propició mantener preso a De Vido, advirtió sobre lo que consideró un riesgo: “Quedarnos con el mediomundo lleno de mojarritas, mientras el tiburón sigue nadando en aguas abiertas”.
“Los personajes que nos ocupan, más allá su relación de subordinación, tal vez secundarios en la organización de malhechores, no por ello dejan de tener responsabilidad penal en los hechos”, dijo Moldes en su dictamen. Concluyó: “No fue magia, fue corrupción”, parafraseando la frase de Cristina cuando decía que los logros de su Gobierno no habían sido un truco de ilusionistas.
El recurso de Moldes fue dirigido contra Julio Andino, Sandro Férgola, Jorge Gregurotti, Gustavo Gentilli, Fernando Abrate, Manuel Keumurdji, Manuel Scheweizer, Emilio D’Amato y Myriam Costilla.
