El bloque de diputados del Frente Para la Victoria en la Legislatura porteña, que preside Carlos Tomada, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo de terminar con la mafia de los “trapitos” en la Ciudad de Buenos Aires.
En el proyecto se establece la prohibición de ejercer la actividad sin autorización legal, al tiempo en que se endurecen las penas cuando la actividad se lleva a cabo en eventos masivos y en zonas de concentración gastronómica.
En la propuesta quedaría establecida la creación de un Registro de Cuidacoches, destinado a personas en situación de vulnerabilidad. En pos de garantizar la transparencia del registro, se dará intervención en su creación al Defensor del Pueblo y a distintas organizaciones de la comunidad, que tendrán a su cargo el control y la auditoría de la asignación de los permisos.
Además, para evitar abusos, se estipula en el proyecto una tarifa fija, que será determinada por la propia ley.
Paralelamente, se instituye que el Gobierno de la Ciudad promoverá políticas activas de capacitación laboral, educación y seguridad vial para los que resulten autorizados a ejercer la actividad.
En el transcurso de los últimos años, el FPV presentó varios proyectos en busca de resolver la problemática. La ley 4.113 fue impulsada por este espacio y aprobada en el año 2011 por la Legislatura. Sin embargo, el entonces Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, junto a su entonces jefe de Gabinete, Horacio Rodriguez Larreta, dispusieron vetarla.
El presidente del bloque del FPV, Carlos Tomada dijo que “el proyecto prohibicionista del PRO beneficia a las mafias, ya que necesitan de la ilegalidad para montar su negocio. El que impulsamos desde el Frente Para la Victoria busca distinguir entre mafias y personas que recurren al cuidado de vehículos como una forma de subsistencia”.
En cuanto a la proliferación de personas que se dedican al oficio de trapitos en estos días y los que los sufren, Tomada explicó que “nuestra iniciativa apunta a evitar los abusos que sufren los conductores que hoy son víctimas de la extorsión de estas mafias, al mismo tiempo que protegemos a los vulnerables que todavía necesitan ejercer esta actividad”.
Refiriéndose a otros planteos legislativos, el exministro de Trabajo afirmó que “el proyecto presentado por Natalia Fidel, del Bloque SUMA +, suscribe a este planteo, por lo que se buscará trabajar para integrar ambos proyectos”
Finalmente, en el tema de la regulación de la actividad, Tomada expresó que “vale recordar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya cuenta con las herramientas contravencionales necesarias para combatir a las mafias y que nuestro proyecto es una herramienta más”.
Por su parte, el legislador Gabriel Fuks (FPV) declaró que “el PRO siempre se escudó en la negativa de todos a dialogar sobre ‘trapitos’. En cambio, desde el FpV se presentaron tres proyectos diferentes sobre el tema: uno presentado por Juan Cabandié, para crear un registro de la actividad y otro, que fue presentado por las ex diputadas Gabriela Alegre y Claudia Neira, que reglamenta la actividad en los eventos masivos. Finalmente, éste que estamos presentando con todos los legisladores, contiene líneas superadoras”.
El legislador manifestó que “cabe destacar nuestra disposición al debate y nuestra necesidad de dar una solución a esta problemática. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad no sólo no discute, sino que no quiso usar el código contravencional -que prohíbe exigir retribución por el cuidado de coches-, que le da la facultad necesaria al Ejecutivo para controlar la actividad en eventos masivos musicales o deportivos”.
La legisladora del FPV Andrea Conde declaró, por otra parte, que “en relación a los cupos, el proyecto establece que no podrán otorgarse permisos a personas con una misma identidad de género en más del setenta por ciento durante los primeros tres años. Transcurrido ese plazo, el porcentaje es del 50%. Además, en todos los casos, existe un cupo del 5% para personas trans”.
Para explicar este aspecto, Conde manifestó que “los cupos tienen como objetivo lograr una mayor inclusión de aquellos colectivos de personas que históricamente fueron excluidos del mercado laboral, específicamente las personas trans, para las que en la actualidad resulta sumamente dificultoso conseguir trabajo”.
Los permisos se otorgan por el plazo de dos años y existe la posibilidad de ser renovados por dos años más. Pueden registrarse personas mayores de 16 años y las jornadas laborales no podrán exceder las 8 horas, excepto en el caso de jóvenes de 16 y 17 años, que no podrán exceder las 6 horas de dedicación a la actividad. Para éstos está previsto, además, un seguimiento estricto del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que promueva su escolarización y su capacitación laboral.
El proyecto cuenta con antecedentes en Montevideo, Río de Janeiro y San Pablo, ciudades en las que actualmente funcionan registros de cuidacoches.
