En un comunicado difundido por el Frente Renovador (FR) de la Ciudad de Buenos Aires, su presidente, Juan José Tufaro, expresó un enérgico repudio hacia el accionar de las fuerzas de seguridad nacionales y locales durante las manifestaciones recientes. Tufaro calificó los hechos como “una verdadera cacería” y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de comandar “una represión insensata e indiscriminada”.
El comunicado enfatiza que el estado de derecho implica que la ley debe servir al pueblo y garantizar sus libertades, limitando el poder del Estado. Según el Frente Renovador (FR), los eventos de la jornada se alejan de los valores democráticos que la sociedad argentina eligió hace más de cuatro décadas y advierte sobre un preocupante acercamiento a “un sistema predictatorial”.
La crítica del Frente Renovador no se limitó a las acciones policiales. En el comunicado también se cuestionó el proceder del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien, según el texto, levantó la sesión de forma “totalmente irregular”. Además, denunciaron que durante el debate se registraron episodios de violencia física entre diputados del bloque libertario.
Otro de los señalamientos apunta al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quien acusan de mantener un “silencio cómplice” mientras las fuerzas federales tomaban el control de la ciudad. Asimismo, se cuestiona el “pomposo alarde” del accionar de la Policía de la Ciudad, realizado por la vocera Laura Alonso.
Ante la gravedad de los acontecimientos, el Frente Renovador de la Ciudad plantea la necesidad de convocar a todos los partidos políticos locales para defender en conjunto los principios democráticos, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y el respeto a la Constitución Nacional.
“Es fundamental sostener una postura común en defensa de la democracia”, afirmó Tufaro, quien insistió en la importancia de frenar cualquier avance que ponga en riesgo las libertades ciudadanas y las instituciones republicanas.
El comunicado cierra con un llamado a la unidad política para garantizar el respeto al estado de derecho y rechazar cualquier intento de avasallamiento institucional en el país.
